Esos marroquíes que defraudan a la Generalitat

Los inmigrantes marroquíes conforman uno de los colectivos más vulnerables ante la crisis que atraviesa el Estado español. No obstante, parece que no escatiman trampas a la hora de intentar sacar el máximo dinero posible del Estado. Y es que buena parte de los 9.000 marroquíes que residen en Cataluña cobran los 420 euros de la Renta Mínima de Inserción (RMI), si bien se encuentran actualmente en Marruecos.

Es el caso de Badredine, de 38 años, que trabajaba como recepcionista de hotel en Calella. Su cadena hotelera decidió recortar la plantilla y Badredine fue uno de los primeros que se quedaron en la calle. Sin embargo, prometieron llamarle para reintegrar su puesto durante la época de máxima afluencia turística. “Ante el desolador panorama laboral, decidí regresar a Casablanca y ganarme la vida en trabajos esporádicos a la espera de que me llamen”, declara, al tiempo que reconoce cobrar la RMI. “Entre el bajo sueldo que me ofrecen en Marruecos y la renta que me dan en España puedo llegar a fin de mes”, subraya.

Aicha, empleada del hogar en Sant Adrià del Besòs y madre de tres hijos residentes en Tánger, confiesa que desde hace dos años son cada vez menos el número de casas a las que va a limpiar, “La gente prefiere limpiar ella misma sus hogares que pagar los 7 euros a la hora que yo cobro. Entiendo que ante la crisis la gente ahorre en los servicios que no son de primera necesidad”, puntualiza. La falta de trabajo ha hecho que Aicha vuelva a su ciudad natal, pero sin dejar de cobrar las ayudas que le facilita el gobierno catalán. “Con lo 420 euros que recibo no puedo pagar el alquiler, comer y enviar dinero a mi hijos. De momento me quedo en Marruecos a la espera de que mejore la situación en España”, agrega.

 

Mayor control

La Generalitat catalana, consciente de la multiplicidad de casos como los de Badredine y Aicha ha decidido llevar un mayor control sobre los pagos. Desde el pasado 1 de agosto, los 34.000 beneficiarios de la RMI empezaron a cobrar la ayuda a través de un cheque enviado a domicilio por correo certificado. Los problemas no tardaron en llegar. A la administración catalana se le pasó informar a los interesados del nuevo sistema de pago y a estas alturas del mes de agosto hasta un 25% de los beneficiarios no han cobrado la prestación. Mientras, los consejeros de Empresa y Bienestar Social, Francesc Xavier Mena y Joseph Lluís Cleries, piden paciencia con la finalidad de solucionar un serio problema de fraude, el colectivo de los trabajadores sociales, quienes defendieron las revisiones bianuales de cada expediente que realizan, se han mostrado indignados ante los hechos.

Badredine entiende que la Generalitat quiera evitar este tipo de situaciones pero considera que no está cometiendo ningún delito, ya que lleva años trabajando en España y vuelve siempre que se le requiera. Por su parte, Aicha se mostró asustada ante la nueva medida, “No puedo ir de forma regular y me da miedo que me soliciten el pasaporte para comprobar mis entradas y salidas”, añadió con preocupación la madre de familia. La Generalitat tiene, además, el propósito de acabar con los casos como los del imán de Lleida Abdelwahab Houzi, quien además de recibir la RMI se beneficiaba de otras muchas ayudas sociales irregulares.