Más impuestos a ricos y ayudas para pobres

Amacio Ortega, propietario de Inditex y hombre más rico de España, junto a su hija, Marta.

Javier dispone de dos empresas a su nombre en Madrid, dos casas en propiedad, cuatro coches y un salario de 15.000 euros netos al mes. Francisco comparte un piso junto a otras tres personas por el que paga un alquilar de 150 euros mensuales y trabaja como repartidor con un sueldo de 900 euros netos al mes. Tanto Javier como Francisco pagan impuestos al Estado, y no de forma proporcional a su renta. Por tanto, Javier se beneficia aún más de su privilegiada situación. Por debajo de Francisco está Carolina, licenciada en arquitectura, no trabaja y sólo sobrevive de los 400 euros que le otorga el Estado para continuar formándose en sectores que más mano de obra requieren. Desde hace unos días finalizó dicha subvención y Carolina está a la espera de la decisión que tomará el consejo de ministros en torno a la prolongación del llamado Plan Prepara. ¿Debería el gobierno incrementar la tasa impositiva de los más ricos del país para poder hacer frente a los diversos planes de ayuda actualmente estancados?

Las grandes rentas europeas están de acuerdo, es el momento de que se les cobre más tributos. La idea arrancó de las grandes fortunas francesas. “Nosotros, presidentes y directivos de empresas, hombres y mujeres de negocios, financieros, profesionales o ricos, pedimos la instauración de una contribución especial que afectará a los contribuyentes franceses más favorecidos”, declararon a los medios de comunicación a través de una carta conjunta. La medida no ha tardado en calar en el ministerio que dirige Valeriano Gómez. Después de que los propios socialistas hubiesen erradicado el impuesto de Patrimonio, como promesa electoral en 2.008, ahora, de cara a las elecciones de 2012 quieren volver a imponerlo. “En 2.007 el Estado recaudó 2.121 millones de euros con este impuesto. Si hubiésemos previsto esta crisis no se nos hubiese ocurrido eliminarlo”, explica Elena Salgado, ministra de Economía y Hacienda.

A tres meses de las elecciones generales, en las que el Partido Popular sale vencedor en todas las encuestas, el PSOE ha decido llevar a cabo una nueva política económica, una política mucho más socialista. La tensión entre la clase trabajadora ha ido en aumento estos días, sobre todo, tras la finalización del Plan Prepara y la incertidumbre de su prolongación. Más de 190.000 desempleados que han agotado sus prestaciones, carecen de rentas y participan en programas de formación, han dejado de recibir los 400 euros de ayuda que contempla el Plan Prepara. “Gracias a esta ayuda consigo sobrevivir y especializarme en actividades que hasta ahora no hubiese podido desempeñar. El Plan Prepara es fundamental para mantener a salvo a muchos trabajadores que como yo se han quedado sin recurso”, comenta Manuel Paniagua vecino de Melilla que ha conseguido trabajo en el sector de la hostelería gracias a Prepara.

Aunque todo parece indicar que Rubalcaba quiere ganarse el voto de la clase trabajadora, no será hasta el próximo 26 de agosto cuando el consejo de ministros decida la prolongación del programa, cuya finalidad no es otra que la de formar a los desempleados y reubicarlos en distintos sectores. Después de que zapatero hubiese ampliado de 21 a 25 años la edad de contratación de parados por medio de un contrato de formación, ahora los socialistas quieren situarlo en los 30 años, una medida que también pretenden llevar a la práctica antes del 20-N. Asimismo, para incentivar el contrato de formación, se eximirá a los empresarios de pagar a la Seguridad Social por este tipo de trabajador. “El salario de los trabajadores será el mismo y los empresarios nos interesaremos mucho más por este tipo de contrato. salimos ganando tanto el empleado como el contratante”, explica José Luis Hortelano, director del hotel en el que trabaja Manuel. La formación es primordial en la nueva política económica socialista, además de impulsar esta contratación, el PSOE amplía el tiempo de formación del 15% al 30%, así como la duración de los contratos, de un máximo de dos años, previsto hasta ahora, pasa a tres.