Saliendo de una monarquía ejecutiva. Por Abdalá Saaf*

La Constitución aprobada el 1 de julio es la respuesta a las expectativas de reforma de la sociedad marroquí y a la presión de la calle, en un contexto regional de levantamientos populares. Con fondo de primavera árabe, las situaciones de las sociedades árabes han parecido converger, a pesar de todas sus diferencias. Las repuestas ante un tal escenario han sido múltiples, en los diferentes países. Las revoluciones democráticas tunecina y egipcia aún en curso están siendo arbitradas según diferentes modalidades por el ejército, en Libia asistimos al uso de la violencia, a una continuada sublevación popular en Siria y una subsiguiente sangrienta represión, a los preparativos políticos en Argelia, al bloqueo en Yemen, la llamada a la reforma constitucional en Jordania o incluso a las reformas – y reformitas – acompañadas por algún tipo de medida de redistribución de recursos en otros estados. Y en Marruecos, atravesamos hoy esta etapa particular del proceso de reformas que ha concluido con la aprobación de una nueva Constitución, cuya puesta en práctica está vinculada a la adopción de 28 leyes orgánicas antes de que acabe la próxima legislatura…

Desde el discurso de Mohamed VI del pasado 9 de marzo, numerosos marroquíes se han implicado intensamente en el debate constitucional. A partir de 2005, el poder no cesaba de aumentar su seguridad mientras los principales partidos se debilitaban. A poder le ha hecho falta asistir al hundimiento de los regímenes vecinos, uno a uno, para reaccionar y retomar la iniciativa. Y entonces ha optado por actuar y responder con una reforma ante el movimiento, optando por una mayor apertura política y nuevas medidas en el ámbito de los derechos humanos, especialmente con la puesta en marcha de un Consejo Nacional de Derechos Humanos con amplias competencias y la liberación de los detenidos políticos del nuevo reino.

Varios factores explican el rápido despliegue del reformismo real activo. “El efecto Tocqueville”, en alusión a la ley elaborada por el autor de El Antiguo Régimen y la Revolución muestra que cuando el régimen contestado tarda en responder ante la primera ola de reivindicaciones, el movimiento popular se radicaliza, pasando a una etapa ulterior en la que los acontecimientos se precipitan. Este mecanismos ha tenido lugar en Túnez, y luego se ha reproducido en el Cairo. Además, la no reforma hubiera tenido consecuencias negativas sobre la economía del país y sobre la gestión del dossier del Sáhara. Por otra parte, el poder ha resistido a las maniobras de hardliners, hostiles a cualquier reforma y privilegiando en enfoque de seguridad, incluso si estos modos han prevalecido más de una vez durante las últimas semanas. Medidas sociales (diálogo con sindicatos, subidas salariales, campesinos exonerados de sus deudas, ayudas, ofertas de empleo a los diplomados en paro, viviendas…) han acompañado su acción.

 

Asamblea constituyente vs. Comisión real

Al proceso se le ha atribuido una objeción mayor: Las verdaderas constituciones democráticas sólo pueden ser elaboradas por asambleas constituyentes. El rey había confiado la tarea a una comisión, cuyos miembros designó él mismo. Esto no podía ser visto por los detractores del régimen más que como una constitución otorgada. Hubo una cierta confusión. La alternativa no era tanto entre una asamblea constituyente y una comisión real, sino entre una asamblea constituyente y un referéndum. Una asamblea constituyente tenía mayores posibilidades de ser secuestrada por los empresarios de las elecciones, acostumbrados a distorsionar los resultados de las consultas populares a través de la compra de votos, lo cual constituye uno de los estigmas del actual Parlamento. Un mecanismo político de seguimiento del proceso fue creado al lado de la comisión, incluyendo a 32 de los 34 partidos políticos que existen en el país y los sindicatos más representativos.

En ningún momento el rey ha estado entre la espada y la pared, derrotado por la fronda, que se estructuró alrededor de la consigna de “monarquía parlamentaria”. Los manifestantes no han representado una fuerza suficiente para tomar en consideración orientaciones de cambio en dentro de esta perspectiva. Al ser limitado el movimiento de protesta, la reforma no podía ir más lejos. Sin duda detrás de la consigna de monarquía parlamentaria se perfilaban modelos como el español, o sea, un régimen caracterizado por la reducción de poderes reales a competencias meramente simbólicas. A destacar el hecho de que entre los contestatarios más radicales de Marruecos, pocos cuestionan que el rey se haga cargo de los poderes religiosos y de las fuerzas armadas.

 

Principales cambios constitucionales

Existen varias lecturas del texto aprobado, que de hecho no puede ser objeto de una interpretación unívoca. Sin dar nacimiento a una monarquía parlamentaria, el cambio aportado no puede ser honestamente reducido a una simple operación cosmética. Afirma la constitucionalidad del conjunto de los poderes, procede a una redistribución más democrática entre la institución monárquica y los otros poderes. El rey, representante del Estado, y ya no de la nación, lo que le permitía legislar, ve sus poderes expresamente nombrados y limitados. El jefe del Gobierno, proveniente del partido mayoritario en las elecciones, designa los miembros de su equipo y puede destituirlos. Ámbitos que antes estaban reservados al rey, ahora son compartidos con el Gobierno. Se lleva a cabo una salida de la monarquía ejecutiva. Sin alguna, dentro de esta lógica, es difícil que el jefe del Gobierno sea en el futuro un personaje dócil, o conducido por elecciones no transparentes. La Constitución inscribe en sus disposiciones los elementos de una democracia participativa, insistiendo en los nuevos roles de la sociedad civil y estableciendo la iniciativa popular en el nivel legislativo o de la justicia constitucional. El texto aporta cambios orientados hacia la separación de poderes, un Gobierno con amplias competencias que resulta de la mayoría legislativa, un dominio legislativo considerablemente amplio, un control parlamentario debidamente formalizado de la gobernanza…

Una dimensión de entre otras seguirá suscitando debate. El consejo de ministros presidido por el rey se ocupa esencialmente de las orientaciones estratégicas, de los asuntos que sobrepasan la vida de los parlamentos, afectando a la continuidad del Estado y a las grandes decisiones. Los reformistas insisten en la necesidad de un poder real estratega, articulado sobre un rol de árbitro. Los opositores a la reforma piensan que esta reconfiguración amplia los roles de la monarquía ejecutiva y refuerza sus poderes en lugar de limitarlos. Sólo la práctica de la próxima fase que apenas sí venimos de iniciar permitirá a los observadores pronunciarse con criterio.

El texto ha sido el resultado de un consenso en el que se reconoce una amplia mayoría, en un contexto en el que todas las opiniones han podido expresarse, tanto en el seno de las instituciones como en la calle. En esta dinámica de reformas políticas, parece difícil volver atrás. No obstante, varias condiciones determinarán el futuro de esta hoja de ruta: la satisfacción de las esperanzas sociales y económicas del conjunto de la sociedad, la ampliación de la base social del poder, la implicación de una amplia gama de actores políticos y civiles agrupados a su alrededor, proporcionando una respuesta a las demandas de las fuerzas políticas del país. La presión de los movimientos de protesta podrá seguir desarrollándose. Las protestas no cesarán tan pronto. Para el poder marroquí, el reto es abordar la contestación democráticamente, respetando los derechos del hombre y evitando las trampas de las fuerzas hostiles al cambio, las soluciones de fuerza demasiado fáciles, las indecisiones y los retrasos, y consolidando la reforma.

 

*Abdalá Saaf es director del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales (CERSS, en sus siglas en francés), presidente de la Asociación Marroquí de Ciencia Política y miembro de la Comisión para la Reforma Constitucional en Marruecos.