Marroquí grave tras arresto por Mossos

Ouissal El Hajoui. Servicio Especial. Barcelona.

 

 

En el ojo del huracán durante los últimos meses, los Mossos d’Esquadra, la Policía autonómica catalana, continúan protagonizando agresiones contra inmigrantes. Mustafa se encontraba el pasado 31 de agosto en la calle Escodines de Manresa, junto a un amigo, también marroquí. De repente, a su lado se detiene una motocicleta de los Mossos d’Esquadra con el objeto de identificarlos. Al carecer de documentación, Mustafa salió corriendo, dando inicio a una persecución en la que los agentes, finalmente, consiguen detenerlo en la calle Puigterrà de Dalt, sin resistencia alguna de parte del marroquí.

“Los Mossos estaban muy nerviosos y querían detener al chico de cualquier manera. El joven marroquí incluso se escondió en un contenedor de basura, pero aún así lo pillaron”, comenta Jaume, un vecino del barrio que fue testigo ocular de lo ocurrido. Una vez arrestado, nadie más sabe qué ocurrió realmente, salvo los agentes. Según estos, Mustafa fue llevado al hospital Sant Joan de Déu de Manresa para curarse de unas pequeñas heridas que habría sufrido durante la persecución. Asimismo, comentan que una vez en el hospital, la víctima fue llevada a la zona penitenciaria, en la que los pacientes están bajo vigilancia policial y esposados. Sin embargo, Mustafa fue allí encontrado por una doctora, tirado en el suelo, con una parada cardiorespiratoria. Según los Mossos d’Esquadra, el detenido se habría intentado quitar la vida.

 

Marroquíes en pie de guerra

El acontecimiento no dejó indiferente a la comunidad marroquí establecida en Cataluña, que no entiende cómo una persona bajo custodia policial, esposada y en un hospital, pueda intentar suicidarse sin que nadie lo vea y, mucho peor, lo evite. “No es la primera vez que los Mossos agreden a un inmigrante marroquí, somos carne de cañón para las autoridades catalanas”, destaca Ahmed, vecino de Manresa. “Los inmigrantes ilegales están absolutamente indefensos, pueden ser maltratados, golpeados y vejados, y no pueden denunciarlo por miedo a ser deportados”, comenta Nadia, quien ha presenciado diversas redadas policiales en Sant Adriá de Besós y en Badalona contra inmigrantes magrebíes.

“Desde que salió a la luz el video en el que los Mossos d’Esquadra golpeaban brutalmente a un detenido que no ponía ninguna resistencia somos conscientes de que no siempre el inmigrante sin papeles es el violento y agresivo”, subraya Teresa, también vecina de Manresa. La comunidad marroquí de Cataluña quiere saber qué ha pasado con Mustafa, y para ello se han concentrado el pasado domingo en la plaza Sant Domenec, en Manresa. “Continuaremos protestando hasta que se sepa qué ha pasado con Mustafa. No dejaremos que su caso caiga en el olvido y los agentes vuelvan a irse de rositas”, puntualiza, Jaled.

 

Mossos en prisión por agresión

El 27 de julio de 2006, cuatro policías catalanes confundieron a un ciudadano rumano, Lucian Paduraru, con un violento atracador de viviendas. Paduraru, que iba acompañado de su mujer embarazada, fue insultado, golpeado y amenazado de muerte por los gentes, que ni tan siquiera se identificaron como tales. Una vez en la comisaría barcelonesa de Les Corts, al ciudadano rumano le introdujeron una pistola en la boca y le propiciaron una brutal paliza. En esta ocasión, sin embargo, los agentes no se percataron que una cámara oculta los estaba grabando.

Después del caso Bikini, en el que tres Mossos detuvieron de forma ilegal y agredieron a un hombre en la conocida discoteca catalana del mismo nombre, el ministerio del Interior decidió instalar, sin previo aviso, cámaras en la comisaría de Les Corts. Los agentes agresores en la Sala Bikini fueron condenados a una pena de cuatro años y medio de cárcel, habiendo ya solicitado estos el indulto al Gobierno central, que se lo ha concedido. “Una condena a los Mossos es una condena al Estado. Por lo tanto, en mi opinión, esto no es un indulto, es un autoindulto”, declara el abogado Jaume Asens, quien considera que con esto se ha transmitido a la sociedad un mensaje “alto y claro” de la impunidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad públicos.