Análisis. Nuevas salidas constitucionales para Marruecos, Túnez y Egipto

Por Abdalá Saaf*

El 1 de julio de 2011 Marruecos aprobó en referéndum una nueva constitución que, según los opositores, sanciona una monarquía ejecutiva, en lugar de limitar los poderes del rey. No obstante, sólo la práctica constitucional permitirá a los observadores pronunciarse al respecto.

La primavera árabe marca una ruptura con los procesos de reformas – pequeñas o medianas – iniciadas en un cierto número de países con el fin de gestionar las nuevas dificultades con las que se topaban los poderes en liza en su deseo de perdurar. Un año después del inicio de la primavera árabe, el contenido de la reorganización constitucional e institucional en el conjunto de la región se mantiene relativamente poco claro. Mientras, existen tres situaciones concretas que parecen decantarse de manera desigual: Marruecos, Túnez y Egipto.

 

Marruecos: El test de la práctica constitucional

En el caso de Marruecos, la nueva carta magna aporta cambios dirigidos hacia una separación más neta de poderes, un gobierno con amplias competencias fruto de la mayoría, un dominio legislativo extendido y un control parlamentario sobre una gobernanza reforzada. Presidido por el rey, el consejo de ministros se ocupa de las orientaciones estratégicas, de aquellos asuntos que sobrepasan la vida de los parlamentos, afectando a la continuidad misma del Estado. Los reformistas insisten en la necesidad de un poder real, estratega y árbitro. Los opositores a la reforma piensan que esta reconfiguración no hace sino amplificar los roles de la monarquía ejecutiva y refuerza sus poderes, en lugar de limitarlos. Sólo la práctica de la fase en devenir permitirá a los observadores el pronunciarse al respecto.

El nuevo texto ha sido el resultado de un amplio consenso en un contexto donde las opiniones han podido expresarse en las instituciones y en la calle. La dinámica de reforma política parece irreversible. En este sentido, determinarán el porvenir la satisfacción de las expectativas sociales y económicas de la sociedad, la ampliación de la base social del poder, la implicación de numerosos actores políticos y civiles, y el respeto a la demandas de las fuerzas políticas del país…

 

Túnez: En manos de Ennahda

En lo que respecta a Túnez, se produce una suerte de reconducción de facto del artículo primero de la antigua constitución, de 1959, sobre la lengua árabe, el islam como religión del Estado y la república libre. Ennahda ha decidido no debatir más sobre la cuestión de la identidad y de la sharia, y conservar el articulo in extenso. Y es que parece poco probable que desaparezca completamente la afirmación de la sharia como fuente exclusiva de legislación. La elección de un presidente y de un parlamento tuvieron lugar en un contexto que buscaba compartir los roles del Estado. Técnicamente, la naturaleza parlamentaria del régimen es evidente. El problema se plantea en saber si en la futura constitución el presidente será elegido por sufragio universal o, como quiere Ennahda, por la propia cámara legislativa. Sobre otro plano de perfila la cuestión de la justicia, el papel del consejo constitucional o la justicia transicional.

El debate en curso también aborda la cuestión de la duración del mandato de la instancia que debe elaborar la constitución, sabiendo que la Asamblea Nacional es, al mismo tiempo, constituyente y legislativa. Los no islamistas se inquietan con respecto a que la actual mayoría intente auto perpeturase. El decreto convocando inicialmente a los electores contemplaba un plazo de un año, con el acuerdo de casi todo el conjunto de formaciones. En el texto de organización provisorio de los poderes públicos, cualificado de pequeña constitución, los partidos políticos han rechazado, no obstante, precisar un plazo, si bien Ennahda ha prometido la celebración de elecciones antes de 2013.

 

Egipto: Reconstruir un barco a flote

En el país de los faraones, después de la revolución, habían sido propuestas varias enmiendas a la constitución: la reducción del mandato presidencial a 4 años, en lugar de 6; la no posibilidad para el presidente de ejercer más de dos mandatos consecutivos; flexibilización de las condiciones de elegibilidad y refuerzo del control de los escrutinios; supresión del articulo que permite juzgar a los civiles acusados de terrorismo ante un tribunal militar; y limitación y sumisión de la instauración del estado de urgencia al control popular. Por lo que respecta a la constitución de 1971, aquellos principios que no figurasen en la nueva declaración se considerarían abrogados.

Tras el éxito del referéndum, tuvieron lugar los comicios legislativos y presidenciales. Por lo que respecta a las condiciones de producción de la próxima carta magna egipcia, tres grandes grupos se enfrentan: islamistas y salafistas, liberales y ejército. La instancia que ha intentado imponerse hasta la fecha presenta el perfil de una comisión constituyente, elegida por un parlamento con un 60% de islamistas en un contexto de competencia extrema, incluso en el corazón del propio círculo islamista.

El lugar de los militares en el Egipto revolucionario es menos claro que en el caso tunecino, como el que prevalece en el interior de los Hermanos Musulmanes y el círculo islamista. La constituyente está lejos de plantearse la cuestión de la coherencia muy reglamentada. La diferencia de la temporalidad entre elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales plantea, efectivamente, esta cuestión de coherencia, y todo operándose fuera de la constitución. Si los trabajos de la constitución avanzan, paradójicamente, la función presidencial será reestructurada en el curso de su mandato. Es como como si se tratara de reconstruir un barco mientas que éste ya está a flote y hay un capitán al timón.

 

* Abdalá Saaf es director del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales (CERSS), presidente de la Asociación Marroquí de Ciencia Política, miembro la Comisión Consultiva para la Reforma de la Constitución en Marruecos y ex ministro.