La Policía española está harta de la injusticia de los desahucios

Dunia Benjadra-Rabat

policías nacionales detienen a una persona tras un desahucio en la ciudad de Oviedo

Los agentes de la Policía Nacional española están hartos de que los poderes públicos les utilicen como fuerza de choque para detener el descontento social que la crisis económica y las medidas de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy provocan. Ellos también se consideran trabajadores que sufren en su propia carne las congelaciones y recortes salariales, recuerdan los sindicatos policiales. En este sentido, muchos agentes expresan su profundo descontento por tener que ejecutar los desahucios que dictan los jueces, que afectan mayoritariamente a personas que se han quedado sin trabajo ni recursos y no pueden hacer frente al pago de la hipoteca de sus viviendas. Muchos agentes están dispuestos a no participar en los desahucios, aunque sean suspendidos de empleo y sueldo. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), que es la principal organización sindical en la Policía Nacional, hizo saber que ofrecerá apoyo a los agentes que “tengan problemas de conciencia” para participar en los desahucios. Así lo dijo el secretario general del SUP,  José Manuel Sánchez Fornet, en declaraciones a la emisora Cadena Ser. El dirigente sindical explicó que tras los dos suicidios de personas que iban a ser desahuciadas en las últimas semanas se ha generado un “clima social que permite empujar en esta dirección”. “Ahora mismo se da la situación oportuna para que todos empujemos para intentar resolver el problema”, señaló Sánchez Fornet. El secretario general del SUP recordó que la labor de su sindicato es “apoyar en lo que pueda” a los policías que “precisamente ahora” consideren que vayan a tener problemas de conciencia por participar en desahucios. Por su parte, en Cataluña,  los sindicatos de los Mossos d’Esquadra aseguraron también  que viven con mucho descontento  la responsabilidad que tiene la Policía de ejecutar los desahucios. “No queremos ser los verdugos, los ejecutores de sentencias que podrían resultar manifiestamente injustas”, afirmó Valentín Anadón, de SAP-UGT. Por su parte, Antoni Castejón (SME-CCOO) denunció unas situaciones “gravísimas” y manifestó que el sindicato está “absolutamente a favor de que se cambien las leyes”, frente a las pocas opciones que tienen de alegar objeción de conciencia. Los portavoces de los sindicatos de la Policía catalana reaccionaron al anuncio del SUP, El portavoz del SME-CCOO manifestó que los Mossos d´Esquadra están “a favor de que de una vez por todas, los gobiernos y los políticos se encarguen de los problemas de verdad”, porque  “nosotros aplicamos leyes, pero ellos tienen que hacer leyes justas”.

Los jueces también

Desde que comenzó la crisis, en 2008, en España se han llevado a cabo 400.000 ejecuciones hipotecarias, un drama para los desahuciados, pero también para muchos jueces que, como los policías,  piden un cambio en la legislación. Unas 500 familias al día sufren al ser desahuciadas, y muchos jueces ya no aguantan más esta situación. El Consejo General del Poder Judicial desestimó debatir un informe redactado por los jueces que denunciaron la mala praxis de los bancos. Alfonso González-Guija, Juez Decano de Bilbao, afirmó: “no queremos ser meros cobradores del frac”,  y  agregó que “somos sensibles al drama”. “Los jueces son los garantes últimos de los derechos de los ciudadanos”,  declaró el Juez Decano de Valencia, Pedro Viguer. Según el SUP, las asociaciones de cerrajeros también respaldarán a los policías y otros trabajadores que no quieran ser partícipes de un desalojo.