Mursi se convierte en faraón intocable al situarse al margen de la ley

Mohamed Mestiri-Túnez

El presidente Mohamed Mursi (en la foto, situado a la derecha) ha tomado medidas para fortalecer su poder y actuar por encima de la ley

El presidente egipcio, el islamista Mohamed Mursi, se ha convertido en una especie de faraón intocable, o de rey absoluto medieval, al decidir que se sitúa por encima de la ley. El mandatario egipcio, que ha salido políticamente reforzado tras su éxito diplomático en el conflicto de la Franja de Gaza entre las milicias palestinas y el Estado de Israel, decreta que ninguna institución del Estado podrá anular sus decisiones. Además, convierte la Asamblea Constituyente (Parlamento) en una Cámara al servicio de los Hermanos Musulmanes, el partido gobernante. Las dos medidas representan un deslizamiento de Egipto hacia el autoritarismo y en más de un aspecto recuerdan lo que hacía Hosni Mubarak en el poder. Los decretos firmados por Mursi, que tienen naturaleza constitucional, aunque de momento el país carece de Constitución democrática,  sitúan al presidente por encima de la ley y someten a los jueces a su autoridad, aunque muchos de ellos lleven tiempo enfrentados a los Hermanos Musulmanes. “Ni Mubarak se atrevió a tanto”, destaca un comentarista político. Mursi quiere de esta forma taparle la boca al incómodo fiscal general del Estado, Abdel Maguid Mahmud, que procede de la época anterior y detesta a los Hermanos Musulmanes, y colocar en su lugar al obediente Talat Abdullah. Hasta la fecha, Mursi no había conseguido deshacerse de ese fiscal, que absolvió a destacadas figuras de la dictadura. Para tener contentos a los sectores que más se jugaron el tipo durante las revueltas populares que acabaron con Mubarak, el jefe del Estado ordenó que vuelvan a ser juzgados aquellos personajes de la etapa dictatorial que fueron absueltos de sus crímenes y abusos, sobre todo en el caso de altos mandos militares y policiales y responsables directos de la represión. Asimismo, Mursi decidió ampliar en dos meses el plazo para que el comité constituyente redacte la nueva Constitución, sobre la que no se han puesto de acuerdo las fuerzas religiosas y las que son más o  menos laicas. Los trabajos de esta comisión no podrán ser invalidados por una decisión judicial, y los laicos temen que Mursi finalmente se saque de la manga una Carta Magna a su medida y marcadamente teocrática. El presidente tendrá también más poder para controlar a la cúpula militar y mantener a raya a las corrientes sociales hostiles a los Hermanos Musulmanes. “Las declaraciones constitucionales, las leyes y las resoluciones anteriormente adoptadas por el presidente, desde que asumió el cargo el 30 de junio hasta que entre en vigor la Constitución y se elija al nuevo Parlamento, son definitivas e inapelables por cualquier método o ante cualquier órgano”, señala  el anuncio leído   por un portavoz de la jefatura del Estado.

Descontento ciudadano

Las medidas de Mohamed Mursi han provocado un profundo descontento social y político, sobre todo a través de las redes sociales, y la  oposición, aunque muy dividida, ya que representa desde la izquierda radical hasta grupos salafistas contrarios a los Hermanos Musulmanes, hizo un llamamiento para manifestar este viernes contra el presidente en la emblemática Plaza Tahir de El Cairo. De momento, la oposición ha decidido cerrar filas para impedir que el golpe de mano de Mursi tenga los efectos legales y políticos que el presidente desea. “Trabajaremos juntos como egipcios hasta que consigamos los objetivos de la revolución”, aseguró  el premio nobel de la paz Mohamed El Baradei. Por su parte, el Club de los Jueces, la asociación más poderosa de la magistratura en Egipto, amenazó con detener su trabajo en los tribunales como medida de protesta  ante la declaración constitucional promulgada por Mursi. El líder de la asociación, Ahmed Zend, consideró que los decretos presidenciales son un “asalto contra el imperio de la ley y de la independencia judicial”. Este colectivo pidió al actual fiscal del Estado que se agarre “a su puesto hasta la muerte y resista a renunciar”. Antes de que Mursi tomara estas polémicas medidas, la Plaza Tahir fue el escenario de varias manifestaciones que acabaron en violentos enfrentamientos con la Policía. Los manifestantes, la mayoría jóvenes, exigieron la depuración de los aparatos de seguridad y que sean juzgados los responsable de crímenes y abusos policiales. Por otra parte, en Mauritania, después de la masiva manifestación que recorrió las calles de Nuakchott para pedir al presidente golpista Mohamed Uld Abdel Aziz que abandone el poder, porque carece de “legitimidad”, el partido gobernante, la Unión por la República (UPR), rechazó las críticas contra el jefe del Estado y pidió paciencia a la población. La UPR aseguró que la situación del país “es normal” y consideró que “lo que hay que hacer ahora es hablar de la organización de las próximas elecciones, porque éstas permitirán a los mauritanos que decidan entre la actual mayoría y la oposición”.