España investigará los crímenes cometidos por el Frente Polisario

Ahmed Chabi-Rabat

La Audiencia Nacional española ha decidido investigar los presuntos crímenes cometidos por el Frente Polisario (en la foto, su máximo líder, Mohamed Abdel Aziz) contra disidentes de este movimiento independentista apoyado por Argelia y saharauis residentes en los campamentos de Tinduf (Sáhara argelino)

La Audiencia Nacional ha decidido investigar los supuestos crímenes cometidos por el Frente Polisario, el movimiento independentista saharaui apoyado por Argelia que disputa a Marruecos el territorio del Sáhara occidental. Según informa el periodista español Pedro Canales en el periódico online El Imparcial, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decidió  investigar los delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente por miembros del Frente Polisario contra militantes de ese movimiento disidentes de su línea política y saharauis descontentos residentes  en los campamentos de Tinduf (Argelia). Antiguos miembros del Frente Polisario llevan años intentando que la justicia española e internacional procesen a dirigentes y miembros del movimiento independentista saharaui a los que acusan de ser criminales de guerra y torturadores. Algunos de esos presuntos torturadores abandonaron hace años el Frente Polisario y se incorporaron a la vida política e institucional de Marruecos. En general, las víctimas del Frente Polisario, que son muy numerosas, no suelen tener mucho eco entre la opinión pública española, que es mayoritariamente pro-independentista saharaui y suele pensar que las denuncias de violaciones de los derechos humanos contra el movimiento que lidera Mohamed Abdel Aziz son manipulaciones de Marruecos. Según informó el abogado de los querellantes, José Manuel Romero, en rueda de prensa en Madrid,   el Juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional admitió a trámite en un auto la querella interpuesta por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) y tres víctimas contra 28 representantes del Frente Polisario y altos cargos del Gobierno argelino. Algunos de los denunciados son el ex director general de la seguridad militar del Frente Polisario y responsable de las relaciones con la ONU en Nueva York, Mohamed Jadad; el embajador saharaui en Argel y ex ministro de Defensa, Brahim Ghali; el fiscal de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Sidi Wagag; el actual ministro de Equipamiento del Gobierno saharaui, Sid Ahmed Battal, y también varios responsables de las cárceles existentes en los campamentos de refugiados de Tinduf y representantes de la seguridad militar argelina. Al parecer uno de los incriminados vive en España, donde ocupa una alta responsabilidad en la delegación del Frente Polisario en Madrid. Una de las acusaciones que se formulan es la de “retener contra su voluntad a miles de saharauis en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, con la complicidad de las autoridades de Argel”.

No es un juicio político

Según el diario El Imparcial, el magistrado Ruz ha querido evitar a toda costa que esta causa se transforme en un juicio político y no ha admitido que se declare al Frente Polisario y a la RASD como responsables civiles subsidiarios de los delitos que se indagan. Como señala Pedro Canales en su información, “la decisión del juez significa un rudo golpe a la imagen de que gozaba hasta ahora el movimiento independentista saharaui en España, tanto más que la dirección del Frente Polisario no ha abierto ninguna investigación una vez que se presentó la denuncia en la Audiencia nacional. Es más, ninguna de las personas incriminadas ha sido apartada de sus cargos, sino todo lo contrario. Muchos de los españoles que ayudan y son solidarios con la población saharaui víctima de un conflicto que dura ya 37 años, esperan que el Polisario tenga la valentía de hacer frente a esta crisis y depurar todas las responsabilidades si las hay”.

El general Nezzar en el banquillo

Por otra parte, el antiguo ministro de Defensa argelino, el poderoso general Khaled Nezzar, podría ser condenado por crímenes de guerra por el tribunal federal suizo. El proceso empezó hace poco más de uno año cuando el general, que tiene 73 años y fue el hombre fuerte del poder militar argelino en la década de los noventa del siglo pasado, viajó a Suiza por razones de salud, y tuvo problemas con la Policía y la Justicia. Tras ser detenido, los jueces helvéticos decidieron asignarlo a residencia y bajo vigilancia en el hotel de cinco estrellas Beau Séjour donde se alojó el militar. El fiscal que lo interrogó,  le comunicó que estaba imputado en un delito de “crímenes de guerra” cometidos presuntamente en los años noventa del siglo XX, cuando el conflicto civil entre el Estado y los grupos islamistas armados causó la muerte de unas 200.000 personas. Una denuncia de dos argelinos víctimas de torturas que fue formulada por la ONG Track Impunity Always (TRIAL) estuvo en el origen de la causa abierta contra Nezzar. El pasado 8 de noviembre, el tribunal federal suizo rechazó la demanda de anulación del proceso presentada por los abogados del general. Con la ley en la mano, Nezzar tendría que comparecer ante los jueces suizos para responder por sus presuntos crímenes. No es la primera vez que el viejo general es acusado de “torturas y tratamientos crueles, inhumanos y degradantes”. Ocurrió en 2001 y 2002 tras la presentación de varias denuncias en Francia. Según varias organizaciones opositoras y de derechos humanos argelinas e internacionales y ex miembros de la seguridad militar argelina arrepentidos, Khaled Nezzar desempeñó un papel clave en la represión del Frente Islámico de Salvación (FIS), que fue disuelto tras haber ganado las elecciones legislativas en marzo de 1992, y después de los grupos armados que sembraron el terror en todo el país durante años. La tortura, las ejecuciones sin juicio previo, las detenciones masivas ilegales y las desapariciones fueron moneda corriente durante el denominado “decenio negro”, y Nezzar fue uno de sus principales protagonistas.

Terroristas detenidos

Mientras los jueces españoles se preparan para ajustar las cuentas a dirigentes del Frente Polisario y responsables argelinos y el general Khaled Nezzar se las tiene que ver con la justicia suiza, en Marruecos, las fuerzas de seguridad han desmantelado a una nueva célula terrorista relacionada con Al Qaeda que se dedicaba a reclutar combatientes para Mali. Según una nota del Ministerio del Interior, la célula desmantelada estaba compuesta por varios presuntos terroristas que operaban en ciudades como Casablanca, Nador, Guercif y El Aaiún. Su presunto responsable es un ciudadano de origen maliense. Dicha célula pudo enviar a una veintena de jóvenes voluntarios al norte de Mali para combatir con los terroristas de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y su aliado el Movimiento para la Unicidad y el Yihad en África del Oeste (MUJAO). La investigación, que fue llevada a cabo por la Brigada Nacional de la Policía Judicial (BNPJ) y la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST), ha podido determinar que “al principio, la red envió algunos de sus elementos a Libia en tanto que primera etapa en el camino de la integración  de dichas organizaciones terroristas, antes de lanzarse al reclutamiento de voluntarios desde Marruecos y a su traslado clandestino hacia el Sahel y las fronteras entre Marruecos y Argelia, en colaboración con los dirigentes de la organización Al Qaeda”.