Humala da el visto bueno a la investigación de las esterilizaciones del régimen de Fujimori

Carlos Zamorano-México DF

El presidente de Perú (en la foto), Ollanta Humala, ha dado el visto bueno a que la justicia investigue las esterilizaciones forzosas que se llevaron a cabo durante el gobierno de Alberto Fujimori

El presidente de Perú,  el izquierdista y populista Ollanta Humala, dio el visto bueno a que la justicia  investigue las esterilizaciones forzosas que se llevaron a cabo  durante el gobierno de Alberto Fujimori, entre  1990 y 2000.  El ex mandatario peruano, que se caracterizó por el autoritarismo, el desprecio a la democracia, la corrupción y el nepotismo, aprobó un programa para hacer ligaduras de trompas y vasectomías a mediados de la década de los noventa con el fin de reducir la población en zonas rurales, que suelen ser las más pobres del país andino. Humala hizo este anuncio después de que el viernes pasado la fiscalía peruana (Ministerio Público) informara sobre la reapertura del caso. El jefe del Estado, que en las elecciones presidenciales recibió el apoyo de muchos adversarios que votaron a su favor para cerrarle el paso a la presidencia a la hija de Fujimori, Keiko Sofía Fujimori, declaró: “Tenemos que erradicar todas las formas de violencia y las esterilizaciones forzosas son de las formas más salvajes de violentar a una mujer. No podemos permitir que alguien decida por una mujer, su destino y el destino de sus hijos”. Señaló que “si  hay que investigar las esterilizaciones forzosas, debe hacerse en el marco de la Justicia. No podemos dejar impune este tipo de violencia contra la mujer”. El abogado de un grupo de víctimas de esterilizaciones forzosas y miembro del Instituto de Defensa Legal (Ideele), Carlos Rivera, informó de que el Ministerio Público investigará a Fujimori, a los ex ministros de Salud Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta, y al diputado Alejandro Aguinaga. Rivera explicó que “la Primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima ha reabierto el caso de las mujeres esterilizadas por los delitos de secuestro, coacción y lesiones graves, en algunos casos seguidos de muerte, porque ha considerado que había sido irregularmente archivado tiempo atrás”. La Justicia peruana reabrió el caso a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que trasladó su alarma al Gobierno de Lima por el alto número de afectadas. En este sentido,  un organismo supranacional investiga el caso de María Mamérita Mestanza, que murió en 1998 tras ser esterilizada sin su consentimiento por orden del gobierno Fujimori.

Miles de casos

Según información del Ministerio de Salud de 1997 difundida  por el diario La república, el entonces ministro Costa Bauer comunicó a Alberto Fujimori que “para los primeros siete meses del año se ha alcanzado un acumulado total de 64.831 AQV (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria), lo cual nos estima en 43% de la meta fijada en 150.000 para 2007”. Durante el mes de julio de ese año hubo 12.635 casos. Los partidarios de Fujimori reaccionaron de forma distinta. El diputado del partido fujimorista Fuerza 2011 Alejandro Aguinaga señaló que “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo caso. Esto no tiene fundamento, ha sido visto en extremis y ha sido archivado, se ha violentado el plazo razonable. ¿Es normal que después de 10 años de investigación y archivo se reabra el caso?” Por su parte, los hijos de Fujimori -entre ellos la ex candidata presidencial Keiko Sofía y el diputado Kenji Alberto- pidieron su indulto por razones humanitarias tras la condena a 25 años de cárcel por homicidio, secuestro y delitos de lesa humanidad. Humala rechazó la posibilidad de un indulto para Fujimori.