Argentina inicia el juicio contra los “vuelos de la muerte” durante la dictadura militar

Elvira García-Buenos Aires

Alfredo Astiz, conocido como el ‘ángel rubio’ o el ‘ángel de la muerte’, a quien Francia acusa de haber secuestrado y asesinado a dos monjas francesas en Argentina durante la dictadura militar


La justicia argentina inició el miércoles un doloroso gran proceso para juzgar  crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura militar entre 1976 y 1983 en Argentina. Un total de 68 ex represores militares y policiales se sentarán en el banquillo de los acusados para responder de graves delitos como secuestros, torturas y violaciones cometidos sobre unas 800 víctimas. El juicio se inició en una sala de audiencias de un tribunal federal de Buenos Aires repleta de gente, y fuera del edificio, un grupo de activistas pro-derechos humanos  reclamaban “justicia”. El juez Daniel Obligado abrió el juicio que durará unos dos años, durante los cuales desfilarán unos 900 testigos. Este proceso histórico para Argentina juzgará los crímenes planificados por los responsables de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro de interrogatorios y de detención más importante durante la dictadura militar. Entre esos crímenes se encuentran los tristemente famosos “vuelos de la muerte”, que eran una práctica utilizada por los torturadores uniformados que consistía en drogar a los detenidos y después  arrojarlos  vivos al mar o al río desde un avión. La primera vez que los argentinos supieron de la existencia de esos “vuelos de la muerte” fue cuando Adolfo Scilingo, un ex militar que cumple una pena de prisión en España, en una entrevista periodística en 1995, reveló esa práctica y admitió su responsabilidad en muchos asesinatos. Pero la justicia tuvo que esperar hasta el año 2011 para poder demostrar la existencia de los infames “vuelos de la muerte” gracias a unos documentos entregados al juez instructor del caso, Sergio Torres, por la Comisión Interamericana  de los Derechos del Hombre (CIDH). El documento en cuestión contiene unas 130 fotos de cadáveres que fueron encontrados en las costas uruguayas con los pies y las manos maniatados y muestras de torturas. “Es el primer proceso donde serán estudiados y debatidos los crímenes cometidos durante lo que se llama los vuelos de la muerte”, explicó el fiscal del proceso, Guillermo Friele, quien dijo que la justicia tiene pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de militares, pero también de “médicos que ejercían en la ESMA”.

Tres oficiales

Entre los responsables de los “vuelos de la muerte” se encuentran tres oficiales de la Armada argentina que ya fueron condenados a cadena perpetua en octubre de 2011 en otro juicio: Jorge Eduardo Acosta, ex capitán apodado ‘El Tigre’, que en julio de este año fue sentenciado a 30 años de prisión por haber participado en  el robo de bebés de opositoras políticas detenidas durante la dictadura; Alfredo Astiz, conocido como el ‘ángel rubio’ o el ‘ángel  de la muerte’, a quien Francia acusa de haber secuestrado y asesinado a dos monjas francesas en Argentina; y Ricardo Cavallo Miguel, que fue extraditado a Argentina desde España en 2008. En el banquillo de los acusados se  sentarán 56 antiguos militares de la Armada, tres ex policías federales, cinco oficiales superiores y dos civiles. Silvina Stirneman, una víctima de la dictadura, consideró que “es muy positivo” que dos civiles hayan sido procesados, porque esto demuestra que “la justicia empieza a mirar más allá del Ejército y en todos los sectores de la sociedad. Esto significa que se ha puesto sobre la mesa la cuestión de las complicidades civiles con el régimen militar”. De los 5.000 opositores políticos que pasaron por la ESMA sólo un centenar pudo sobrevivir. Los jueces tendrán que escuchar algunos testimonios escalofriantes. Es el caso, por ejemplo, de Blanca González, una mujer que antes del golpe de Estado de 1976 hizo parte de los Montoneros, una organización que utilizó la lucha armada contra el Estado. Fue secuestrada el 11 de marzo d 1979 en Buenos Aires y trasladada a dependencias de la ESMA. En una entrevista al diario La Gaceta de Tucuman, contó que cada vez que una detenida necesitaba ir al aseo era violada por sus captores.

Investigar el pasado

Argentina lleva años investigando la trágica etapa de la dictadura militar, que convirtió a ese país en una cárcel y lo hundió en la miseria. Durante los primeros años de democracia los gobernantes argentinos no se atrevieron a pedir cuentas a los militares y civiles que martirizaron a todo un país durante siete años. Pero poco a poco, el Estado de derecho fue ganando terreno y en 2005, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, la Corte Suprema anuló la ley de Punto Final votada en 1986 por el Parlamento, que exculpaba a los represores de sus crímenes. Desde 2007, se suceden los procesos contra responsables de crímenes y desmanes durante el régimen militar. En diversos puntos del país como Buenos Aires, Tucuman, Córdoba y Santa Fe decenas de antiguos criminales han sido procesados y algunos condenados. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos estiman en 30.000 el número de personas desaparecidas durante la dictadura. Según la organización Hijos, unos 15.000 detenidos políticos fueron fusilados y unos 500 niños fueron robados a sus madres detenidas y entregados a familias de militares o de personas adictas al régimen dictatorial. En los últimos años de la dictadura y en la primera etapa de la democracia organizaciones como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo desempeñaron un papel muy importante en la denuncia de los desaparecidos y la exigencia de justicia y de castigo a los culpables.