Israel castiga a los palestinos congelando una parte de la ayuda económica que reciben

A. Chabi-Rabat

Israel, como medida de represalia por el reconocimiento de Palestina como Estado observador en la ONU, ha decidido congelar una parte de la ayuda económica que reciben los palestinos. En la foto, de izquierda a derecha, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon

Israel no va a perdonar a los palestinos que hayan conseguido que la ONU acepte que puedan tener una representación estatal en este organismo, aunque sólo sea en calidad de mero observador y no como Estado de pleno derecho. El pasado viernes, el Gobierno de Benjamin Netanyahu, mientras muchos palestinos celebraban su victoria en la ONU, aprobó la construcción de miles de viviendas de colonos en los territorios ocupados, y el domingo decidió bloquear cerca de 92 millones de euros que corresponden a la cantidad de dinero que el Estado israelí concede a los palestinos cada mes. Con ese dinero, el Gobierno de la Autoridad Palestina, que tiene su sede en Ramala, paga los sueldos de los funcionarios. El Gobierno de Tel Aviv pretende estrangular económicamente a su homólogo palestino y provocar descontento social en Cisjordania. Oficialmente, el Gobierno de Netanyahu negó que la medida obedeciera a motivaciones políticas, y aseguró que con ese dinero confiscado la Autoridad Palestina podrá pagar la deuda que tiene contraída con la compañía de electricidad israelí. El presidente palestino, Mahmud Abbas, que fue recibido en Ramala con honores de gran patriota, manifestó que “ahora somos un Estado” y “el  mundo está con nosotros y la historia está con nosotros”. El mandatario palestino no quiso adelantar cuáles serán los próximos pasos que dará Ramala después de la decisión de la ONU en contra de lo que querían y esperaban Estados Unidos e Israel. Por su parte, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) anunció que su objetivo es que los palestinos impulsen una estrategia de integración en los organismos dependientes de Naciones Unidas, especialmente aquellos que defienden los derechos humanos, como la Corte Penal Internacional. Por parte israelí, Netanyahu no hizo caso a lo que declararon ciertos dirigentes palestinos, y dejó claro que  “la respuesta al ataque al sionismo y al Estado de Israel debe reforzar y enfatizar la implementación del plan de asentamientos en todas las zonas en las que decida el Gobierno”. Y por si hubiera alguna duda sobre las intenciones del Estado de Israel, el primer ministro agregó: “Hoy estamos construyendo y seguiremos construyendo en Jerusalem y en todas las zonas que sobre el mapa resultan estratégicas para los intereses del Estado de Israel”. Washington hizo saber que considera  contraproducente la decisión israelí.

Los problemas de Netanyahu

Benjamin Netanyahu quiso de esta forma dar satisfacción a los sectores de militantes, pero sobre todo votantes más duros e intolerantes de su partido, el Likud, que rechazan cualquier negociación con los palestinos y defienden la política de colonización de los territorios ocupados. A Netanyahu los cálculos políticos se le han complicado desde que uno de sus principales aliados, el ministro de Defensa, Ehud Barak, anunció que no piensa seguir en el cargo y la ex titular de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, decidió formar un nuevo partido, al que se han unido algunos dirigentes de la formación centrista Kadima y un líder laborista (socialista) como Amram Mitzna, que apuesta por un acuerdo con los palestinos. Así las cosas, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, calificó de “golpe fatal” para un futuro de paz entre Palestina e Isarel la decisión del Gobierno de Netanyahu de ampliar las colonias israelíes en Jerusalem-Este y en Cisjordania. “Las colonizaciones son ilegales desde el punto de vista del derecho internacional”, recordó el portavoz de Ban Ki-moon

Huelga del Constitucional en Egipto

Mientras, en Egipto, según informa Mohamed Mestiri desde El Cairo, el Tribunal Constitucional decidió aplazar el domingo el fallo sobre la Asamblea Constituyente, que fue boicoteada por los partidos de corte liberal y laico y los representantes  cristianos, y la Shura (Cámara alta) después de que una muchedumbre  de islamistas rodeara el edificio de esta institución en apoyo al presidente Mohamed Mursi, que anunció  la celebración el próximo 15 de diciembre del referéndum popular para ratificar la nueva Carta Magna. El Tribunal Constitucional anunció una huelga para protestar por la manifestación y las presiones islamistas, que impidieron a los jueces examinar el caso de la Comisión Constituyente. Los jueces denunciaron “las presiones psicológicas y materiales”. El pasado mes de junio, el Constitucional dictó la disolución de la Asamblea Popular (Cámara baja) y tenía que haberse pronunciado sobre la legalidad del comité encargado de redactar la Carta Magna y de dar el visto bueno a la Cámara alta. Por eso mismo, con tal de evitar el más que probable veredicto de disolución, Mursi proclamó el pasado  22 de noviembre una declaración constitucional que sitúa sus resoluciones y las de la Asamblea Constituyente dominadas por islamistas y salafistas por encima de la ley. Entonces, se desencadenó una batalla feroz entre los jueces y los islamistas y la oposición laica de liberales y de grupos de izquierda y de extrema izquierda arremetió contra Mursi en la calle. Para contarrestar el poder de la calle, los Hermanos Musulmanes, que apoyan a Mursi, organizaron una acto de masas en la Universidad de El Cairo.