Argentina condena a España por la exportación de biodiésel

Elvira García-Buenos Aires

Argentina acusa a España de ponerle trabas en sus exportaciones de biodiésel y de mentir ante la comunidad internacional. En la foto, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en un acto público

Argentina condena a España porque considera que este país miente a la Organización Mundial del Comercio (OMC) cuando asegura que ha derogado una norma que afecta a la exportación de biodiésel. El Gobierno español aseguró que los exportadores argentinos de biocombustible pueden volver a firmar ventas con España, después de haber decidido, el pasado mes de abril, frenar esa compra, en represalia por la nacionalización de la filial argentina de Repsol, YPF, por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El asunto no es de poca monta, porque España es el principal comprador de biocombustible argentino y Argentina es el principal proveedor de producto a España: casi 720.000 toneladas en 2011. La presidenta argentina no siente un amor especial por España y sus grandes empresas multinacionales, a las que acusa de llevar a cabo una política “imperialista”. En el más puro estilo perononista, es decir con una buena dosis de rancio y vulgar populismo, Fernández de Kirchner y otros miembros del Gobierno han convertido a España en un monstruo con dos cabezas y en uno de los responsables de los problemas económicos y sociales de Argentina. Esa misma presidenta que hace pocos años aplaudía a multinacionales españolas como Repsol, ahora las ataca sin ton ni son, pero suele ser más benévola con los desmanes que llevan a cabo ciertas firmas estadounidenses y de otros países en Argentina. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores argentino, “las denuncias contra Argentina por parte de la OMC y de países como España son la mejor evidencia de que ante demandas específicas realizadas por nuestro país responden con una acción generalista que busca distraer a la opinión pública en lugar de resolver las barreras comerciales que sufren los productos argentinos”. La Cancillería argentina indicó que “algunas de las restricciones de acceso que denunciamos ante la OMC llevan más de una década en vigencia”. La reacción del país sudamericano ocurrió después de que el portavoz comercial de la Comisión Europea, John Clancy, anunciara  que la legislación española que afecta a la exportación argentina de biodiésel a España había sido derogada. Según Argentina, España introdujo en octubre una modificación parcial a la legislación sobre biodiésel aunque  “lo limitado de la modificación no alcanza para que la norma española resulte compatible con las obligaciones de España y la UE en la OMC”.  Para Asuntos exteriores de Argentina, “la norma española cuestionada continúa vigente tal como señala la nueva orden de octubre, que reconoce tanto dicha vigencia como su carácter normativo, tendiente a excluir del mercado español al biodiésel argentino y fomentar la industria de los biocarburantes en España”.

Demanda contra la UE

Argentina presentó una demanda  contra la Unión Europea (UE) por supuestas prácticas restrictivas a las importaciones de biodiésel, lo que  “no contribuye a crear un buen ambiente” de cara a las negociaciones comerciales entre Bruselas y el Mercosur, aseguraron  fuentes comunitarias. “Aunque nosotros (la UE) negociamos con el Mercosur como bloque, es algo muy claro, y no vamos a pecar de inocentes en esto, la demanda de Buenos Aires va a tener un impacto en el clima general de cara a estas negociaciones” con el Mercosur, agregaron dichas fuentes. La Cancillería argentina, por su parte,  consideró que  “es lamentable que ante una denuncia técnica específica” ante la OMC, “y en medio del litigio”, la Comisión Europea, “en lugar de trabajar para la resolución de la disputa, haya optado por emitir acusaciones vagas y generales con el evidente propósito de ganar espacio en los titulares de los diarios, evitando circunscribirse al caso en cuestión”. La Comisión Europea aseguró que la demanda presentada por Argentina ante la OMC contra la UE -y también Estados Unidos-  pretende “desviar la atención” del problema real: que el Gobierno argentino  no lucha suficientemente para desmantelar sus medidas proteccionistas.