El Constitucional apoya la asistencia sanitaria para los inmigrantes irregulares

Diego Sañudo-Madrid

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado un golpe a Mariano Rajoy al avalar la atención sanitaria universal para los inmigrantes en situación irregular. En la foto, unos inmigrantes en un centro sanitario público en Madrid

Los recortes en Sanidad le están saliendo caros al Gobierno de Mariano Rajoy. El último golpe es la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la atención sanitaria universal, aderezado con las marchas que se realizan este martes y ayer lunes en Madrid, con sentada en Puerta del Sol incluida. La barrera impuesta a los inmigrantes para limitar su acceso a la sanidad, por tanto, no se aplicará por el momento en el País Vasco. Esta excepción se logra porque el por entonces lehendakari Patxi López aprobó en el mes de julio un decreto para saltarse las medidas que adoptaba el Partido Popular (PP) meses antes, en abril, gracias a su mayoría absoluta en el Congreso de los diputados, y que fue suspendido porque prevalecía el formulado por el Gobierno central por ser una institución superior para evitar consecuencias. Esta medida afecta a unos 25.000 inmigrantes afincados en esta comunidad autónoma de los 910.342 personas que se quedaron en toda España sin acceso universal a la sanidad. La alegación fundamental a la que se acoge el TC es que supondría un riesgo para la salud el que determinados colectivos se vean excluidos de la atención sanitaria, “lo que repercutiría no solo en su estado de salud individual sino en la prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto-contagiosas, afectando seriamente a la salud de toda la sociedad”, asegura la sentencia del máximo organismo jurídico nacional.

Su conclusión supera el argumento de ahorro que manifiesta el Gobierno para limitar este derecho que la Constitución tilda de universal. En este sentido, el TC asegura que la cuestión de la salud “no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico” que, como sostiene, ni siquiera ha sido concretado. No obstante, el Constitucional solo hace referencia a la solicitud de levantamiento de la suspensión y no entra en el conflicto de competencias en el que se basó el recurso ante el alto tribunal.El decreto que se aprobó en el mes de julio para hacer frente a la medida del PP fue una de las últimas acciones del consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, con el objetivo de mantener el carácter gratuito y universal del sistema sanitario público. En el decreto se extendía a todos los residentes en el País Vasco y hacía mención a los niveles de aportaciones en el pago de medicamentos, además de incorporar la exención de pago a diversos colectivos. En este sentido, el Gobierno regional vasco arguyó que los inmigrantes son el colectivo “que resulta más afectado por patologías infecciosas”, y destacó que “al quedar sin el apoyo clínico sanitario, supondría un riesgo de contagio para el resto de la población”

El País Vasco se resiste

No es esta la primera vez que la Comunidad Autónoma del País Vasco hace frente a una decisión del Gobierno central, aunque anteriormente no había tenido el respaldo del Tribunal Constitucional. Es el caso del copago farmacéutico, en el que el alto tribunal acepta la alegación de que el planteamiento de los perjuicios que la medida iba a suponer se realizan desde un “carácter marcadamente hipotético”, lo que se contraponía con los datos económicos aportados por la Abogacía del Gobierno respecto a la evolución del gasto en el País Vasco justificando así la aplicación de este copago. No obstante, en la región todavía no se ha aplicado esta medida pese al fallo del Constitucional. El PP encuentra con esta última decisión un escollo judicial nuevo que le hace frente uniéndose al clamor de las calles, muy sensibles a los recortes sanitarios. El anterior revés le llegó hace menos de un mes, con la decisión del Constitucional de avalar a Extremadura el impuesto bancario. Esta medida fue evitada por el Gobierno de forma ágil, pues gracias a una enmienda realizada en el Senado evitará a partir del 1 de enero que Extremadura pueda cobrar este dinero de una forma sencilla gracias a que ha aprobado un impuesto bancario del 0% suprimiendo de esta forma las tasas bancarias que están en vigor tanto en Extremadura, pionera en la materia, como en Andalucía y Canarias, impidiendo de esta forma que otras Comunidades Autónomas imiten el paso dado por estas tres regiones.