El Gobierno argentino desmantela el grupo Clarín

Elvira García-Buenos Aires

El Gobierno argentino intenta desmantelar el grupo Clarín, principal empresa de comunicación en Argentina. En la foto, un representante del Gobierno comunica a los responsables del grupo Clarín esta decisión

El Gobierno argentino hizo saber ayer por la mañana  que piensa desmantelar  el grupo Clarín, que es la mayor empresa de comunicación de Argentina, porque ha vulnerado las exigencias de la Ley de Medios Audiovisuales. El Ejecutivo argentino comunicó la noticia en la propia sede del grupo. De esta forma, si el Gobierno consigue que la justicia falle a su favor, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner conseguiría taparle la boca a un grupo empresarial molesto para su política. El grupo Clarín, después de haber sorteado diversos fallos judiciales, asegura que no ha actuado fuera de la ley y se considera perseguido políticamente por el Gobierno. Acusa al Ejecutivo de querer controlar las decisiones de los jueces cuando no son a su favor. En este sentido, los responsables del mayor emporio de comunicación de Argentina recordaron que la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil y Comercial Federal dictó la semana pasada una medida cautelar que permite al grupo Clarín seguir con sus actividades hasta que no haya una “sentencia definitiva”. El Gobierno recurrió esta sentencia y Cristina Fernández acusó a los jueces de actuar a favor de los intereses de los grandes grupos empresariales del país. Martín Sabbattella, responsable de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (AFCSA), en nombre del Gobierno, se presentó en las instalaciones del Grupo Clarín en Buenos Aires, en compañía de un notario, para informar a sus propietarios del proceso judicial en marcha. Sabattella defendió la aplicación de la ley, que “está en plena vigencia ya que el juez levantó todas las medidas cautelares”.

Subastar las radios y televisiones

Los observadores políticos argentinos que han seguido este conflictivo caso que tiene un componente político evidente, creen que con esta medida la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su Gobierno han abierto el camino para subastar las licencias de radio y televisión del grupo Clarín que la ley cuestiona. La ley argentina establece para los grupos de comunicación privados un tope del 35% del mercado en televisión convencional y un 35% de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una por satélite. Este tope ha sido superado por el emporio mediático argentino. Los acontecimientos de ayer llegaron en medio de ataques muy duros desde el Gobierno argentino contra los jueces. El último se produjo el domingo cuando el jefe del Gabinete de la presidenta, Juan Manuel Abad Medina, calificó de “Cámara de mierda” al juzgado de segunda instancia que falló a favor de Clarín la semana pasada.“Me preguntaban cómo tomaron el fallo de la Cámara. ¿Los sorprendió? ¡Cómo nos iba sorprender eso!”, declaró en un acto público Abad, “si era obvio que esa Cámara de mierda iba a hacer lo que había hecho. ¡Qué duda teníamos, compañeros, que esos jueces comprados por Clarín iban a fallar para Clarín!”. Juan Manuel Abad Medina admitió el lunes que había cometido un error al hacer estas declaraciones, y pidió disculpas por ese “exabrupto”. El grupo Clarín es el principal accionista del diario Clarín, el de mayor circulación de Argentina, del Canal 13 de Televisión y del canal TN, de difusión de noticias, así como de la distribuidora Cablevisión, la agencia de noticias DyN, Radio Mitre y la firma de servicios de Internet Fibertel. En otro orden de cosas, según informa Carlos Zamorano desde México DF, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, presentó la nueva política de Estado en materia de seguridad y justicia, en la que desempeñará un papel relevante la creación de una Gendarmería Nacional que contará con 10.000 agentes en una primera etapa. Durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Peña Nieto explicó que los objetivos prioritarios que persigue su Gobierno son reducir la violencia y rebajar las tasas de homicidio, secuestro y extorsión.