2014, el espejismo del nacionalismo catalán

Guillermo Gayà

“El Parlamento de Cataluña ha aprobado una declaración de soberanía que supone un claro desafío al Estado español”, según nuestro colaborador en España Guillermo Gayà. En la foto, el Parlamento de Cataluña durante el debate sobre la declaración de soberanía presentada por CiU y ERC

El Parlamento de Cataluña ha aprobado una declaración de soberanía que supone un claro desafío al Estado español. La resolución, aprobada por 85 votos a favor, 41 en contra, y 2 abstenciones proclama la soberanía del “pueblo catalán” e impulsa una consulta democrática en la que los ciudadanos catalanes puedan ejercer el “derecho a decidir” sobre su futuro político colectivo. La opinión pública catalana, española e internacional interpreta que se pretende convocar un referéndum de independencia con carácter vinculante, aunque las palabras “referéndum” e “independencia” no aparecen por ninguna parte en la declaración soberanista.

El gobierno catalán de la conservadora Convergència i Unió (CiU) y su aliada Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se han marcado el objetivo de celebrar dicha “consulta” en 2014. De realizarse, coincidiría con el tricentenario de la caída de Barcelona frente a las tropas de Felipe V, el 11 de septiembre de 1714. Una fecha simbólica que, según el nacionalismo que domina la vida política, marca el inicio de una opresión española de la que el pueblo catalán, supuestamente, todavía no se ha liberado Si el referéndum se realizase en 2014 coincidiría también con la consulta independentista que tendrá lugar en Escocia, tal como han pactado el gobierno británico y el escocés. Pero es muy improbable que un referéndum vinculante sobre el futuro de lo catalanes tenga lugar en 2014. Como si se curasen en salud, el pacto de gobernabilidad firmado por CiU y ERC en diciembre ya prevé que el plebiscito pueda retrasarse debido al “contexto socioeconómico y político”.

No le van a faltar a Artur Mas y sus correligionarios pretextos para dar largas al referéndum. El empresariado catalán, históricamente cercano a CiU, ha mostrado sus dudas sobre la aventura independentista, cuando no su rechazo frontal. La dependencia de la industria catalana del mercado interno (60% del volumen de ventas fuera de la comunidad) hace temer a los empresarios un boicot a sus productos y la deslocalización de compañías. La Unión Europea ha advertido de que en caso de una secesión, Cataluña quedaría automáticamente fuera de la Unión y del euro, lo cual añadiría graves problemas monetarios, arancelarios y financieros. En la propia coalición de Mas, el ala más derechista, Unió Democrática, ha mostrado su malestar por la deriva independentista del president. Por si fuera poco, el gobierno español del Partido Popular ha advertido de que aplicará a rajatabla la legalidad constitucional, que no deja ningún espacio para consultas independentistas, por muy democráticas que éstas sean. Y el Partido Socialista niega rotundamente que exista el “derecho a decidir” del pueblo catalán. Los dos grandes partidos españoles, cuyo acuerdo es imprescindible para reformar la Constitución, bloquean una alternativa pactista al desafío catalán.

Ante este escenario, los nacionalistas saben muy bien que para cumplir su objetivo tienen que saltarse la ley. Se han marcado un objetivo político legítimo, pero éste es ilegal y además acarrearía consecuencias económicas de gran calado. Para hacer realidad el sueño nacionalista de crear “un nuevo estado de Europa”, haría falta en Cataluña unos líderes políticos muy audaces y una amplia mayoría social comprometida con la independencia. Ni una cosa ni la otra están presentes en estos momentos en Cataluña.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, es un maestro de la ambigüedad tan propia del nacionalismo conservador de CiU. Nunca ha hablado de independencia sino de “autodeterminación” y buscará pretextos para no convocar el referéndum mientras se ciñe a su auténtico guión cortoplacista: continuar con los recortes en el gasto público para evitar la bancarrota y, sobre todo, mantenerse en el poder. Un poder que CiU  ejerció ininterrumpidamente durante los primeros 23 años de autogobierno de la región, fomentando en el electorado una identificación interesada entre la formación y Cataluña. Los procesos judiciales por malversación de fondos públicos que afectan tanto a Convergència (caso Palau de la Música) como a Unió (caso Pallerols) están salpicando a estos partidos ungidos, teóricamente, para la misión de la liberación nacional.

Los independentistas de izquierda de ERC, que se han beneficiado electoralmente del movimiento soberanista impulsado por CiU, someterán al gobierno de Mas a una fuerte presión para que cumpla lo pactado y convoque un referéndum. Sus dirigentes parecen estar dispuestos a llegar hasta el final en el pulso al Estado siguiendo las reglas del juego democrático, pero no cuentan con una base social crítica. Tampoco tienen suficiente peso en la escena política española ni capacidad de influencia en foros internacionales. En solitario, no podrán liderar el proceso.

A pesar de la importancia que los medios de comunicación afines al gobierno catalán otorgan al movimiento independentista, la mayoría de los catalanes no está dispuesta a lanzarse a esta aventura. En las últimas elecciones de noviembre, los partidos que han pactado la consulta soberanista obtuvieron el 54% de los votos pero sólo movilizaron al 30% del electorado, ya que la abstención fue de un 30 por ciento. Las últimas encuestas nos dicen que, a pesar del deterioro de las relaciones entre Cataluña y el resto de España, el 66% de los ciudadanos declara sentirse catalán y español, según un sondeo encargado por la propia Generalitat. No parece que el “proceso de transición nacional” o “consulta de autodeterminación” o cualquier otro eufemismo acuñado para salir del paso cuente con suficiente apoyo ciudadano.

El ansiado referéndum no se celebrará en 2014, y probablemente tampoco en los próximos años. El nacionalismo catalán aprovechará para seguir presentando a España como un Estado opresor y echar las culpas de todo lo que pasa en Cataluña a Madrid. De paso, desviará la atención sobre la corrupción política y la privatización de servicios públicos. Recíprocamente, el nacionalismo español se seguirá alimentando del miedo a un desmembramiento del país. Mientras, los ciudadanos tendrán preocupaciones y estímulos mucho más interesantes que el color de una bandera, la lengua de escolarización o los derechos históricos. Desde el extranjero, muchos se preguntarán en qué demonios están pensando los españoles mientras su país retrocede décadas en desarrollo económico y derechos sociales. La solución de una España federal basada en la lealtad y el respeto a la diferencia quedará eternamente aplazada. Igual que el sentido común.