El independentismo catalán vuelve a retar las medidas del Gobierno de Rajoy

Diego Sañudo-Madrid

El enfrentamiento político entre los Gobiernos de España y de Cataluña es continuo y podría llevar al país a un callejón de difícil salida. En la foto, los presidentes Mariano Rajoy y Artur Mas en su último encuentro en el Palacio de la Moncloa

El enfrentamiento entre el Gobierno de Cataluña y el de España vuelve a verse alimentado con nuevos gestos de lo que podría considerarse una provocación al anunciar que tiene como uno de sus principales objetivos intensificar su actividad diplomática en el exterior en aras a mejorar sus relaciones con otros países e internacionalizar el conflicto que mantiene Cataluña con el resto del país, así como sus deseos independentistas. Esta decisión choca frontalmente contra la política que se quiere llevar desde el Gobierno central y aunar las acciones en el exterior desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación con una ley que aún está en anteproyecto y que, entre otras cosas, pretende controlar la apertura de embajadas autonómicas. Este anteproyecto tiene como punto de partida que las relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado y de que las actividades que se desarrollen fuera del país deben basarse en los principios de “unidad de acción” y “lealtad institucional y coordinación”. Persigue coordinar y supervisar cualquier iniciativa que se lleve en el exterior, y para ello, en el futuro deberá informarse al Ministerio de Asuntos Exteriores de cualquier viaje, visita o actuaciones y recibir el visto bueno si la iniciativa está en la línea de los objetivos que se marque el Gobierno. Ante esta situación, el consejero de Presidencia catalán, Francesc Homs, no ha tardado en mostrar la rebeldía del Gobierno catalán, y ha afirmado que no solo continuarán con su estrategia para internacionalizar la situación política y social actual de Cataluña, sino que “intensificarán” esta labor. En este momento la Generalitat tiene cinco delegaciones en el exterior, situadas en Bruselas, París, Londres, Berlín y Nueva York. Además, posee 35 oficinas comerciales. Homs ha declarado que “haremos más acción exterior que nunca, por la situación económica y el proceso político-soberanista iniciado en Cataluña; en un momento como el actual pensar que esto de ir fuera es un capricho es ser de dos siglos atrás”. Homs dijo que la Generalitat desempeñará esta labor “diga lo que diga el Gobierno”. Para ello el nacionalismo catalán utilizará “herramientas modestas, sacando jugo a los recursos que tiene”, dice Homs. Refiriéndose precisamente a los recursos limitados, Homs ha asegurado que “lo que no haremos es gastar 330.000 euros en cubertería y manteles, estamos lejos de este tipo de acción exterior”, en relación a la adjudicación que publicó el BOE el año pasado por la que el Gobierno gastaba 330.000 euros en renovar la cubertería y otros enseres de diferentes embajadas.

El Tribunal Constitucional apoya a Rajoy

En medio de tanto golpe que recibe el presidente de Gobierno de España, el Tribunal Constitucional ha venido a traerle una alegría al admitir el recurso presentado por el Gobierno para que no se aplique el euro por receta en Madrid, como ya hiciera previamente en Cataluña. Por ahora, el máximo órgano jurídico nacional ha decidido suspender la aplicación de esta medida impositiva mientras delibera si es una medida anticonstitucional como con Cataluña. En ambos casos el proceso ha sido similar solo que, en el caso catalán esperó seis meses para presentar un recurso contra el copago mientras que en Madrid, comunidad autónoma en la que gobierna el Partido Popular desde hace casi 18 años, lo hizo antes incluso de que el presidente autonómico propusiera esta medida de manera formal. De esta forma, aunque la medida entró en vigor el 1 de enero ya ha sido suspendida, por el momento de manera temporal. Ha durado poco el pulso con Madrid, aunque puede traer problemas pues dado que se ha producido esta suspensión, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado que tendrá que revisar el efecto que esto tiene en el capítulo de ingresos del presupuesto, algo que podría llevar a mayores recortes en la prestación de servicios públicos, que se sumarían a la privatización de la gestión sanitaria en la región.