Las FARC de Colombia amenazan con secuestrar policías como “prisioneros de guerra”

E. García-Buenos Aires

Las FARC de Colombia han vuelto a secuestrar a miembros de las fuerzas de seguridad tras romper la tregua unilateral que declararon a finales del año pasado. En la foto, el director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, con familiares de dos agentes secuestrados el viernes pasado por el movimiento guerrillero

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pocos días después de haber roto la tregua unilateral que declararon a finales del año pasado,  reivindicaron ayer  su “derecho” a tomar “prisioneros de guerra” entre las fuerzas de seguridad del Estado.  El Gobierno de Juan Manuel Santos calificó  esta amenaza de “secuestros” y “un secuestro es un secuestro, no importa quién sea la víctima”, dijo Humberto de la Calle, el negociador jefe del actual Ejecutivo con la guerrilla. Bogotá piensa  que ese anuncio es un atentado contra el proceso de paz que se inició  en La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC, un movimiento guerrillero profundamente militarizado que vive de los secuestros y del tráfico de drogas y cuenta con el apoyo de países como Venezuela. El viernes pasado, las FARC secuestraron a dos policías en una zona rural del suroeste de Colombia, en el municipio de Pradera (Valle del Cauca). El grupo guerrillero, través de su blog y twitter, justificó esta acción y dejó claro al Gobierno que “nos reservamos el derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la fuerza pública que se han rendido en combate. Ellos se llaman prisioneros de guerra y este fenómeno se da en cualquier conflicto que haya en el mundo”. Para los gobernantes colombianos, el estatus de “prisionero de guerra” no es aceptable, porque según el Derecho Internacional Humanitario solo se aplica en conflictos armados internacionales. Humberto de la Calle consideró que el secuestro de dos policías por las FARC es “una respuesta equivocada que atenta contra el proceso” de paz y refleja “todo lo contrario a lo que (la guerrilla) debería estar haciendo”. “Si las FARC no les ponen la cara a las víctimas, este proceso no tiene ninguna posibilidad”, agregó el alto cargo gubernamental. Aseguró también que el Estado colombiano tiene como objetivo “terminar el conflicto”. En el caso de las FARC, dijo De la Calle, si esa no es la intención, “que lo digan de una vez para no hacerle perder el tiempo al Gobierno de los colombianos”.

Tregua bilateral
La dirección de las FARC reclama al Gobierno  una tregua bilateral desde el inicio del proceso de paz. Esta petición ha sido rechazada por el Ejecutivo de Bogotá, porque la considera inviable hasta que no cese completamente la lucha armada. A pesar de esta negativa, las FARC declararon un alto el fuego unilateral de dos meses durante la temporada navideña, que llegó a su fin el pasado 20 de enero. El Gobierno tampoco acepta la petición guerrillera de adoptar un tratado bilateral para “regularizar” el conflicto armado. Las FARC se comprometieron en febrero de 2002 a “no realizar más retenciones de carácter económico, aunque se mantenga la vigencia de la Ley 002 referida a impuestación para la financiación”, según  recordaron en su comunicado. Esta norma, que fue dada a conocer durante los anteriores diálogos de paz fallidos del Caguán (1998-2002), es una especia de ‘impuesto revolucionario’ de corte mafioso y establece que cualquier persona natural con un patrimonio superior al millón de dólares debe pagar el 10% de esa cantidad a la guerrilla para no ser secuestrado.