AI denuncia que las protestas ciudadanas en Marruecos siguen siendo reprimidas

AHMED CHABI

Jóvenes del 20 de febrero se manifiestan delante del Parlamento marroquí en Rabat

El pasado 20 de febrero se cumplieron dos años desde que la Primavera Árabe emergiera en Marruecos. Entonces manifestaciones pacíficas encabezadas por miles de ciudadanos y organizadas por el movimiento juvenil 20 de Febrero (20F) recorrieron las principales calles de las ciudades más grandes del país. Pero no floreció como en Egipto, Túnez y Libia. Sin embargo, sí supuso un empujón hacia la democracia con la aprobación en referéndum de una reforma constitucional más acorde con los tiempos actuales.
Las controladas protestas siguen salpicando las calles, encabezadas no solo por los jóvenes contestatarios del movimiento 20F, sino también por trabajadores desempleados, profesores que quieren mejorar sus condiciones de trabajo, médicos del sistema público que defienden trabajar también en la privada o defensores de la cultura Amazigh, entre otros colectivos.
Precisamente, la semana pasada la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció, en un informe que algunos han criticado, que “las protestas siguen siendo reprimidas de manera habitual” en Marruecos y que activistas del 20F fueron detenidos por expresar “pacíficamente su opinión”. El documento recoge que algunos han denunciado que sufrieron torturas y malos tratos bajo custodia. Es el caso de uno de sus fundadores, Oussama El Khlifi -ya fuera del movimiento-, que colgó, en varias ocasiones, fotos en las redes sociales de su paso por el hospital, o del rapero Mouad Belghouat, también del 20F, condenado a un año de prisión bajo el cargo de desacato a servidores públicos por su canción ‘Perros del Estado’. Este joven ha hecho dos huelgas de hambre como protesta por las condiciones carcelarias en la prisión de Oukacha de Casablanca.
El movimiento 20F reclama más respeto a los derechos humanos y a la democracia, mejores condiciones económicas y que se ponga fin a la corrupción.
También son conocidas sus críticas contra el Gobierno y la monarquía. “Es incomprensible que las autoridades sigan reprimiendo con violencia a quienes les critican, ignorando abiertamente la nueva Constitución adoptada en julio de 2011, que garantiza los derechos a la libertad de expresión, manifestación pacífica y asociación”, afirmó Ann Harrison, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Este organismo solicita a Marruecos que modifique sus leyes para garantizar que los detenidos tengan acceso efectivo a un abogado de su elección desde que son detenidos y durante todo el tiempo que dure la privación de libertad, y que pueden consultar con él en privado. Esto se exige con el fin de evitar malos tratos o declaraciones firmadas bajo presión policial, como han denunciado algunos miembros del 20F detenidos durante las manifestaciones.
El presidente del Gobierno marroquí, Abdelilah Benkirane, en una entrevista en el canal francés TV5Monde, aseguraba el domingo, “no pienso que en Marruecos haya prisioneros políticos del movimiento 20 de febrero”. Si bien reconoció que la tortura existía en Marruecos hace 30 ó 40 años, explicó que ahora ya no, gracias a la política y al ministro de Justicia. En la actualidad, y según aseguró Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la cuestión de tratos inhumanos o degradantes, durante su visita realizada a Marruecos en 2012, el Código de Enjuiciamiento Criminal garantiza el acceso a un abogado, pero esa premisa no se respeta plenamente ni en la ley ni en la práctica.
Aunque es cierto que los detenidos tienen derecho a un jurista de su elección, no antes de las 24 horas después de la detención, la entrevista dura solamente 30 minutos y además se realiza en presencia de un investigador.