El juicio de Gdeim Izik

KARIM DOUICHI

La peculiar situación jurídica del Sáhara Occidental, vasto territorio sujeto por un lado a descolonización según el derecho internacional y, por otro lado, marroquinizado de hecho e integrado administrativamente en las llamadas Provincias del Sur, no debe hacernos olvidar las dolorosas pérdidas de vidas humanas en los confusos incidentes de noviembre de 2010 en el campo de Gdeim Izik, a pocos kilómetros de El Aaiún, en el que diez miembros
desarmados de la Gendarmería Real y un bombero fueron brutalmente asesinados y dos civiles saharauis abatidos en los disturbios posteriores, a los que habría que añadir la muerte previa de otro joven saharaui en un control rutinario.
Tiempo habrá también para abordar en profundidad y arrojar luz sobre este luctuoso suceso, cuya dinámica bien pudiera responder a los intereses contrapuestos de diferentes capas de la población de la zona por el reparto de tierras y otro tipo de beneficios, no siendo ajeno tampoco al proceso la sorda guerra interna por el poder mantenida entre actores de primera fila de la política marroquí con intereses desplegados sobre el terreno y a los que, en algún momento, pudiera ponérseles nombres y apellidos. En cualquier caso y a fuer de ser honestos, no parece que en la formación del campamento de fortuna de Gdeim Izik, capaz de albergar a veinte mil personas, haya que ver la mano del Frente Polisario y en cuanto a las condiciones y el modus operandi de su desmantelamiento, quizás fuera también oportuno exigir cuentas a los responsables.
En cuanto al proceso en sí celebrado en el barrio rabatí de Agdal los pasados 15 y 16 de febrero, parece oportuno dejar caer algunas matizaciones. Fuera de Marruecos llama poderosamente la atención el hecho de que sea un Tribunal Militar formado por cuatro tenientes coroneles y presidido por un civil, el magistrado Nureddine Zehhaf, el responsable del juicio. Ahora bien, para la legislación marroquí los tribunales militares son siempre competentes en aquellos casos que afecten a la muerte de algún uniformado, como es el caso. Por otra parte se han respetado todos los procedimientos al uso, los  procesados han gozado de absoluta libertad de expresión y al juicio en sí pudieron asistir, con libertad de movimientos, observadores internacionales e incluso abogados y eurodiputados comprometidos políticamente con el independentismo saharaui, como fue el caso entre otros de los políticos españoles Willy Meyer, de Izquierda Unida, y el parlamentario socialista (y ex alcalde de Oviedo) Antonio Masip. Es cierto que algunos de los condenados ya estaban detenidos en el momento de los acontecimientos, pero el Tribunal parece haber reunido informaciones que los implicarían en la preparación de los mismos, siendo quizás la parte más endeble de la acusación la falta de pruebas gráficas (los asesinos de Gdeim Izik llevaban los rostros tapados) y de huellas dactilares en las armas utilizadas, así como las dudas que presenta el encausamiento y condena de un intelectual como Naama Asfari, si bien las sentencias del Tribunal no son uniformes. El enquistado problema del Sáhara Occidental tiene sin duda varias aristas y es posible, como advirtió el pasado viernes en París el consejero diplomático del presidente del Parlamento Europeo, Alexandre Stutzmann, que la salvaguardia de los derechos humanos de los saharauis pudiera dejar en ocasiones bastante que desear, todo se andará, pero el asesinato de once jóvenes funcionarios (apaleados, quemados) el 8 de noviembre en Gdeim Izik no puede quedar impune: el primero de los derechos humanos es el derecho a la vida.