La Unión Europea contra los desahucios en España

Ouissal el Hajoui

Una manifestación en España que solicita extender la moratoria de los desahucios

En España quien no pueda pagar su hipoteca o el alquiler se queda sin casa. En los últimos meses debido a las dificultades económicas que está padeciendo España, el número de desahucios es cada vez mayor y el miedo de la gente, sobre todo de los que disponen de un trabajo precario, aumenta al ritmo de las expulsiones. Bruselas, por su parte, no ampara los desahucios, al menos no con tanta rapidez y facilidad.
Mohamed Aziz, marroquí residente en España, ha sido quien ha trasladado el debate de los desahucios al seno de la Unión Europea (UE). En 2011 fue desahuciado, ante la falta de ayuda de su banca Catalunya Caixa, llevó su caso a los tribunales europeos. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado a favor de Aziz y de los consumidores españoles, “España tiene que clarificar los derechos de los consumidores europeos que tienen sobre la base de la legislación europea, por lo que está claro que ahora el país, ahora España y los jueces españoles que se ocupan del caso deberán juzgar a la luz de esta sentencia y de esta clarificación”, declaró a los medios el portavoz de la Comisión Europea, Michelle Cercone.

Casas vacías y ciudadanos en la calle

Aziz simplemente solicitaba a su entidad bancaria que anulara una de las cláusulas del contrato hipotecario que consideraba abusiva y así evitar el desahucio. Desde entonces, los casos similares a los del marroquí se multiplicaron, y hoy la clase política tiene que rendir cuentas ante el tribunal europeo.
El Ejecutivo español no ha hecho nada por los ciudadanos, no ha cambiado la ley, ni pretendía hacerlo. Las dramáticas escenas que se han presenciado estos días, policías que fuerzan a familias a salir de sus casas, bomberos que entran por las ventanas para sacar a los inquilinos, lloros, desmayos y mucha gente que de repente se ve en la calle, no han conseguido afectar al Gobierno de Rajoy. Sin embargo han conmovido a la institución Europea que exige al Estado español un cambio inminente. “Leeremos la sentencia y veremos si es posible encajarla en la ley”, dijo Rajoy tras saber el fallo.