El penúltimo intento por esclarecer el atentado de la AMIA

Nazaret Castro :

Los restos de la sede de la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA), que voló en pedazos en julio de 1994.

El reciente y polémico memorándum acordado entre Irán y Argentina pretende avanzar en la investigación del atentado de 1994, que dejó 85 muertos. Calle Pasteur, centro de Buenos Aires, 18 de julio de 1994, al filo de las diez de la mañana. Una fuerte explosión sega 85 vidas, deja 300 heridos y provoca el pánico y el caos entre la comunidad judía más numerosa de América Latina y la quinta mayor del mundo. Un coche bomba ha atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la organización judía más emblemática del país, sembrando el pánico y el caos. Sólo dos
años antes, otro ataque había destruido la Embajada de Israel en la capital argentina.
Casi veinte años después, el atentado de la AMIA sigue lleno de sombras. Desde el principio, el caso estuvo plagado de dificultades e incoherencias, y las implicaciones políticas extremamente sensibles del caso contaminaron el proceso. El juez que llevaba el caso, Juan José Galeano, fue destituido; le sucedió el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, cuya actuación tampoco ha estado exenta de polémicas. Se señalaron también complicidades de agentes de la policía bonaerense, conocida popularmente como ‘La Maldita Policía’ por lo generalizado de la corrupción en la institución.
En octubre de 2006, la fiscalía argentina acusó formalmente al Gobierno iraní de planificar el atentado y al grupo islámico libanés Hezbollah, de ejecutarlo. Según sus pesquisas, Argentina fue elegida como blanco del ataque después de que el Gobierno argentino suspendiese un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán. La investigación apunta como autor material de los hechos a Ibrahim Hussein Berro, militante de Hezbollah. Fue señalado por un testigo, pero él niega su participación en el atentado.
El juez argentino ordenó la captura de siete exfuncionarios iraníes y de un miembro operativo libanés del Hezbollah, todos ellos acusados por la fiscalía argentina. En 2007 la Interpol ratificó las investigaciones argentinas y ordenó la captura de los fugitivos iraníes. Desde entonces el Estado argentino ha requerido a Irán la extradición de los acusados, mientras Irán se ha negado sistemáticamente.

Polémico memorándum
El último capítulo de la larga novela era la ratificación, el pasado febrero, del memorándum de entendimiento entre Irán y Argentina para la investigación del atentado. El acuerdo, que pretende acabar con el bloqueo actual y avanzar en la investigación, estaba llamado a sembrar la polémica, dadas las delicadísimas implicaciones diplomáticas y políticas que tiene el caso, al implicar de lleno a la comunidad judía, de un lado, y al Estado iraní, de otro; en medio de todo, la vigilante mirada de Estados Unidos, que, según algunos cables de WikiLeaks, ha seguido muy de cerca todo el proceso de investigación.
El cuestionado acuerdo plantea la creación de una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales “para analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de la Argentina y de Irán”, que estará compuesta por cinco comisionados y dos miembros designados por cada país. Ambas partes acordarán conjuntamente quién actuará como presidente de la Comisión. Esta emitirá un informe con recomendaciones que “ambas partes tendrán en cuenta en sus acciones futuras”. Las autoridades jurídicas argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán para interrogar a las personas notificadas por la Interpol.
El Parlamento argentino ratificó el memorándum en febrero; desde entonces, no se han producido muchos avances, si bien algunos medios han publicado que el Gobierno argentino ya piensa en el ex juez español Baltasar Garzón para integrar la Comisión.
De otro lado, la Amia y otra organización comunitaria judía, Daia, presentaron este mes de abril ante la Justicia argentina un recurso de amparo para declarar inconstitucional la ley por la que el Congreso ratificó el memorándum de entendimiento.
La Casa Rosada ha recibido críticas contundentes por este memorándum. Para el analista internacional Horacio Calderón, que atribuye a Hezbollah y a Irán los atentados de 1994 y de 1992, el memorándum podría tener consecuencias muy importantes -e imprevistas- para Argentina: para comenzar, el país podría “enfrentar presiones insoportables” derivadas de “vulnerar los intereses estratégicos de la hiperpotencia global”, esto es, los Estados Unidos. Por eso, este experto en Asuntos de Medio Oriente y Contraterrorismo califica de “peligrosa maniobra” un acuerdo que, además, supone un “cambio brusco” en la política exterior argentina.
Calderón advierte que “la causa AMIA ha sido y sigue siendo un potencial casus belli que sería esgrimido como justificación de un ataque militar contra Irán”; y si así fuera, “Argentina podría ser blanco de ataques terroristas como represalia”, por parte de Irán o del Hezbollah libanés. Para evitarlo, este experto opina que “hubiera sido preferible romper relaciones diplomáticas con Irán, por su persistencia a negarse a cooperar en el esclarecimiento del atentado, pero al mismo tiempo oponerse a cualquier tipo de ataque militar vinculado a su desarrollo nuclear”.

Diferentes hipótesis
Pero, ¿está tan claro que Irán está detrás del atentado? Lo cierto es que la participación de Hezbollah con el apoyo del Gobierno iraní es sólo una de las hipótesis, la más divulgada, que se ha conocido como ‘la pista iraní’. Existen otras hipótesis, como la que maneja el especialista en política internacional Carlos Escudé: apunta a Siria como planificadora del atentado. Según esta versión, la llamada ‘pista siria’, el atentado fue un acto de castigo al entonces presidente argentino, Carlos Menem, por cancelar el proyecto de venta de reactores nucleares a Siria.
Alejandro Olmos Gaona, asesor del Proyecto Sur -el partido progresista encabezado por Fernando ‘Pino’ Solanas-, maneja una hipótesis muy distinta: para comenzar, critica que se estén “repitiendo sin fundamentos la existencia de culpables iraníes, como si esto estuviera absolutamente probado”. En su opinión, tras 20 años de investigación, cientos de testimonios y cientos de miles de páginas de informes, “no surgió nada relevante que mostrara la existencia de la pista siria, ni tampoco conexión alguna que pudiera llevar a una incriminación a funcionarios iraníes”. La insistencia en implicar a Hezbollah y a Irán sería, para Olmos, fruto de las presiones de Washington y el Mossad.
Sea como fuere, el memorándum abre una nueva etapa en una larga novela que aún parece lejos de concluir, y que, lejos de reducirse al ámbito de las relaciones bilaterales entre Argentina e Irán, tendrá profundas implicaciones tanto en Oriente Pŕoximo como en América Latina, ambas zonas de influencia directa de los Estados Unidos. No está de más, en este sentido, recordar las duras críticas que enfrentó el Brasil de Ignacio Lula da Silva por su apoyo a las investigaciones nucleares de Teherán. Su sucesora, Dilma Rousseff, tuvo que modular el discurso.