AI denuncia en su informe la vulneración de los derechos de los refugiados

Clara García :

Millones de refugiados sirios huyen de la violencia en que está envuelto su país para buscar refugio en Jordania, Líbano, Turquía e Iraq, donde viven en condiciones extremadamente difíciles.

Poco esperanzador el último informe que ha publicado Amnistía Internacional (AI). Este organismo de defensa de los derechos humanos asegura en el documento que los gobiernos de todo el mundo están más preocupados por la defensa de sus fronteras nacionales que por la protección de sus ciudadanos o de aquellos que solicitan acogerse al derecho de refugio.
Asimismo, destacan que millones de personas huidas de conflictos en 2012 han visto cómo se vulneraban sus derechos. Para los refugiados y migrantes, subrayan en un comunicado publicado en su página web, el mundo es un lugar cada vez más peligroso.
AI demanda, además, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) que se oponga a los abusos que destruyen vidas y obligan a la gente a huir de sus hogares, dice el comunicado.
En 2012, la comunidad internacional “ha sido testigo de varias emergencias de derechos humanos que han obligado a muchas personas a buscar un lugar seguro”, tanto en sus países como fuera de ellos. Amnistía cita, por ejemplo, Corea del Norte, Malí, Sudán o República Democrática del Congo.
Es posible, confían, un futuro más justo “si los Gobiernos respetan los derechos humanos de todas las personas, con independencia de su nacionalidad”.
Amnistía Internacional condena en su informe que la mitad de la humanidad sigue siendo “ciudadana de segunda”. Así como las violaciones sexuales cometidas por soldados y grupos armados en países como Malí, Chad, Sudán y República Democrática del Congo.
En toda África, “los conflictos, la pobreza y los abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad pusieron al descubierto la debilidad de la protección a los derechos humanos”.
Y en el norte de África, tras la caída de algunos líderes autocráticos, se ha incrementado la libertad de los medios de comunicación “y las oportunidades para la sociedad civil”. En toda la región, aseguran, ha seguido ejerciéndose presión contra activistas políticos y de derechos humanos, “incluso mediante encarcelamiento y tortura bajo custodia”.
En Gambia se ejecutó a una persona tras 30 años sin aplicar la pena de muerte, y en Japón a una mujer después de 15 años sin aplicar esta medida.