12 de septiembre

Antonio Navarro Amuedo :

Manifestación en el centro de Barcelona convocada por movimientos civiles de la sociedad catalana reclamando la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña
Manifestación en el centro de Barcelona convocada por movimientos civiles de la sociedad catalana reclamando la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña

Ha quedado claro que una parte importante de los catalanes ha convertido su desencanto por la crisis y la sensación de maltrato económico supuestamente infligido por la Administración del Estado en un grito por la separación del resto de los españoles. Pero, teniendo en cuenta el ardor patriótico manifestado y que la proclama independentista no tiene encaje alguno en el ordenamiento jurídico nacional y europeo, ¿qué toca hacer ahora?

Atrás el 11 de septiembre de 2013, Cataluña y el conjunto de España amanecen hoy deslumbrados por los fogonazos cuatribarrados y resacosos de la borrachera patriótica de la Diada. Es, como lo deberían ser todos en política, momento para la reflexión serena y seria. El problema catalán -Ortega y Gasset ya advirtió que, como el vasco, era irresoluble y España habría de aprender a convivir con él- no es ni mayor ni menor que lo era ayer. Una parte importante de Cataluña -medio millón de personas, un millón, un millón seiscientas mil- ha reclamado en la calle la independencia movida por un supuesto sentimiento de agravio por la actitud de los sucesivos gobiernos de España y los deseos de zafarse de las asfixiantes consecuencias de la crisis.

Teniendo en cuenta que la independencia sólo podría producirse de forma unilateral -con los consiguientes escollos que tal vía encontraría- y que la mayoría de la clase política catalana no lo desea, sólo queda que los representantes institucionales se empleen a fondo para rebajar la tensión y acercar posturas. Es hora (ya lo es desde hace bastante tiempo) de que se sitúen a la altura del reto: la ruptura de la convivencia en el seno de la comunidad catalana y la secesión de un territorio del Estado español -sería el primero que se produce en el interior de la Unión Europea- es un riesgo demasiado serio para todos.

Aunque, por desgracia, con su actitud diaria muchos de nuestros líderes quedan desacreditados para dar ejemplo a los ciudadanos es imprescindible que sigan proponiéndoselo. Porque de abandonar tal horizonte estaríamos ante el abismo de la línea que separa la democracia de la jungla. Rajoy y Mas, como líderes de los Gobiernos de España y de la Comunidad Autónoma de Cataluña, están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley. Con un PP atizado por la crisis y en horas especialmente bajas a raíz del asunto Bárcenas, las llamadas al cumplimiento estricto de la legalidad -y de la Constitución de manera específica- de los representantes del Gobierno son, cuando menos, irónicas. Pero no puede ser éste un asunto menor.

Durante meses representantes políticos del nacionalismo catalán han repetido la imprudencia de que dentro o fuera de la ley, la consulta (y la expresión de la soberanía catalana) se produciría. No hay democracia sin ley como no hay ley sin democracia, como se ha cansado de repetir -en una soledad significativa- en el Parlament Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Sólo tardíamente un político tan experimentado como Artur Mas parece haberse dado cuenta de que saltarse la ley sólo conducirá a su amortización política anticipada. El revés electoral del pasado 25 de noviembre no pareció bastarle y sólo la situación crítica de las cuentas de la Generalitat y su soledad en la prédica del ‘Catalan way’ -doméstica e internacional- parecen haberle devuelto algo de sensatez en las últimas fechas.

No hay dudas de que una parte importante de los catalanes -según las últimas encuestas algo más de la mitad- está convencido de que fuera de España les iría mejor. La efervescencia social es innegable: la cadena humana del 11 de septiembre pasado es la más clara demostración de músculo de este independentismo estelado. El fervor ha sido avivado gracias a la complicidad de los medios de comunicación y propaganda afines o directamente al servicio de la Generalitat y a un discurso permanente de desprecio a lo considerado español -y opuesto a lo catalán, como si tal contraposición fuese posible en puridad- procedente del Gobierno autonómico y los partidos locales durante varios lustros. Existe el convencimiento de que Madrid -convertido en metáfora del Gobierno de España para los restos- roba a Cataluña lo que decentemente su industria competitiva y su comercio exterior descollante generan para luego gastarlo en favores, subvenciones y ayudas a los vagos y chorizos del resto del país. La profunda crisis económica e institucional de España ha sido el empujón definitivo.

Pero los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía, como diría el filósofo. Y ya hay demasiado melancólico en España que se ha quedado atrancado en las leyes viejas, los fueros, sitios de Barcelona y Bilbao, y los mitos de Aitor, Rafael de Casanova y Guifré el Pilós. El referéndum vinculante sobre el derecho a decidir (eufemismo del derecho de autodeterminación) y la independencia no son posibles con el ordenamiento actual español y europeo. Los que deseen que la Constitución española incluya un apartado que prevea la independencia de partes integrantes del Estado y hacerlo a través de referéndums sólo convocados en la zona interesada en la emancipación habrán de hacerlo a través de los procedimientos adecuados y en el lugar correspondiente, el Parlamento nacional. Ojo: no es imposible. Las Cortes y sus señorías aguardan. Las leyes están para servir a los humanos, no al contrario. Por supuesto.

El problema mayor es que el catalanismo político ha asumido varias premisas inciertas. No está dispuesto a que la realidad frustre sus planes. Y hay mucha gente ilusionada a la que habrá de decirle la verdad:

  1. El derecho a la autodeterminación -el llamado derecho a decidir- no es aplicable a Cataluña. La comunidad autónoma no es una colonia. En ella impera una Constitución, libertades civiles, derechos sociales, estado de bienestar y la Generalitat goza de uno de los niveles de descentralización política mayores del mundo en el seno de un Estado democrático. Los catalanes no tienen que recuperar ninguna libertad fundamental, a pesar de que este fuera uno de los eslóganes más repetidos en la marcha independentista del miércoles pasado.

  1. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español, como establece la Constitución que en Cataluña se votó en un porcentaje superior al de la media española. Por tanto, la decisión sobre el futuro territorial del Estado español -y un hipotético cambio de sus fronteras- lo deben decidir todos los españoles. No es lógico que queden excluidos de la decisión de la amputación de una parte del del Estado quienes lo sufragan. El presupuesto de la Generalitat se nutre de fondos de la Hacienda española, a la que contribuyen todos los españoles.

Pongamos el caso de una urbanización que está harta de que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que pagan sus vecinos no redunde en una limpieza en las calles acorde a tal esfuerzo impositivo. Aunque el 100 por cien de los vecinos de la misma reclamaran la emancipación del municipio en manifestaciones y proclamaran la creación de uno propio, el futuro de las viviendas levantiscas no podría decidirse al margen del Ayuntamiento en el que se asientan. Salvando las distancias, algo similar ocurre con Cataluña. Hacer una excepción con la ley de tales dimensiones abriría la puerta a que cualquier ciudadano o comunidad de vecinos pudiera reclamar un derecho parecido a partir de entonces (En España y en el conjunto de la Unión Europea).

  1. No es cierto que fuera de España, el futuro Estado catalán vaya a seguir formando parte de la Unión Europea. El nuevo Estado catalán tendrá que contar con el aval unánime de los 27 estados miembros para acceder a las instituciones comunitarias. El veto de uno solo de los países impediría el acceso catalán, como ocurre con Turquía desde hace años.

  1. La independencia no podrá ser un proceso democrático sencillo. Supondrá una fractura en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la española cuyas consecuencias son aún imprevisibles.

La oposición a la ley es la vía de la independencia unilateral. Muy pocos parecen interesados en ella, salvo los nacionalistas más exaltados, fundamentalmente en las filas de ERC y las CUP: desde luego ni CiU ni la UE ni, por descontado, España.

Descartada esa solución sólo cabe el entendimiento: Rajoy y Mas están condenados a trabajar. A tenor de las posturas de uno y otro, el margen parece pequeño. Pero ya sabemos que entre dos puntos cualquiera existen infinitos puntos. Es inadmisible que el Gobierno de Rajoy haya permanecido encogido de hombros desde la Diada de 2012, que marcó el inicio de la fiebre secesionista. Aprendió sólo a medias de los errores de Aznar: optando por el silencio no multiplica a los independentistas -como hacía el otro-, pero tampoco pone freno a su constante crecimiento. Teniendo en cuenta lo voluble de la opinión pública catalana en este asunto, es imperativo que el Gobierno de España retome el liderazgo con racionalidad, espíritu constructivo y conciliador, pero también con todo el rigor y el respeto por la ley y los compromisos adquiridos.

Por tanto, el Gobierno de España debe combinar el respeto a la ley con una pedagogía seductora. Ha de insistir en que España es un buen negocio para los catalanes y que guarda con celo la autonomía de sus nacionalidades y regiones; en que unidos somos más fuertes. Y hacer hincapié en que lo bueno para Cataluña es bueno para España y viceversa. Tendrá mucho trabajo que hacer -y lleva muchos años de retraso- porque la maquinaria nacionalista se ha empleado a fondo en los últimos años. Además, el Gobierno y el resto del Estado tienen que implicarse en la búsqueda de una solución a las demandas de financiación y de autogobierno catalanas. Y emplearse a fondo en la salida de la crisis, porque el independentismo bajará si las economías local y nacional se recuperan. Hay que implicar, como ha sido el caso en la mayoría de la historia moderna, a Cataluña en el liderazgo del país. En suma, los catalanes han sido admirados por la inmensa mayoría de los españoles y para éstos Cataluña y sus gentes constituyen una parte integrante de su patria.

Me quedo con la reflexión de Enric Juliana, director adjunto del diario ‘La Vanguardia’ -diario poco sospechoso a estas alturas-, a última hora de la noche de la Diada: “El independentismo catalán es la cristalización más excéntrica de un nuevo regeneracionismo español quizá imposible. Son muchas las personas en España que hoy sueñan con un reset”. Esperemos que la fuerza de los que participaron en la ‘Vía Catalana’ ayer nos la transmitan al resto de compatriotas españoles para que entre todos regeneremos España: sus instituciones, su sociedad civil y su clase política. Deseamos que la manifestación separatista del 11-S no sea el último coletazo de dos arcaísmos como el carlismo hispánico y el nacionalismo étnico: fervor de patria chica, de boina o barretina, odio al vecino, convencimiento de la superioridad moral respecto al pueblo de al lado, defensa del particularismo, historia mitificada, etcétera.

La manifestación de fuerza independentista del 11 de septiembre de 2013 debe hacer tomar nota al Gobierno y la sociedad española en su conjunto. Una parte de los catalanes están cansados de la situación y creen que el Estado español ya no les ofrece nada atractivo: es un problema muy serio que atañe a todos. Si el Gobierno es incapaz de convencerles de lo contrario con buenas razones, tendrán que hacerlo los ciudadanos españoles. No sólo la sociedad civil española estará llamada a hacer a los catalanes desistir del camino de la ruptura y la separación en el mundo globalizado de hoy, sino de aunar fuerzas para transformar España. Convertirla en un país más moderno, más próspero, más serio, más abierto y menos corrupto del que nadie piense siquiera en el atraso de querer marcharse.