El Gobierno marroquí pone cerco a las construcciones ilegales

Dunia Benjadra :

Con esta ley, presentada por Mohand Laenser, ministro de Vivienda y Política Urbana, Marruecos contará con un oficial judicial, encargado de controlar la planificación urbana.
Con esta ley, presentada por Mohand Laenser, ministro de Vivienda y Política Urbana, Marruecos contará con un oficial judicial, encargado de controlar la planificación urbana.

Tras un largo proceso, el proyecto de ley sobre el control de la planificación y la construcción ha sido aprobado. Ahora tendrá que ser sometido al circuito legislativo para ser rectificado y entrar en vigor. Preparado por el antiguo ministro de Vivienda, Planificación y Política Urbana, Nabil Benabdellah, antes de la última remodelación del gabinete, el proyecto ha sido presentado por el nuevo encargado de la planificación urbanística del país, Mohand Laenser.

Entre las principales novedades de esta ley está la creación de un oficial judicial, encargado de controlar la planificación urbana. Esta entidad será dependiente del wali o gobernador de la Administración y su función será, principalmente, llevar a cabo las notificaciones formales, suspender obras e incautar materiales y equipos de construcción.

Otra gran novedad es la unificación de los procedimientos administrativos y judiciales en cuanto a la parcelación, planificación y la construcción urbana. Así mismo, la ley requerirá que haya cumplimiento de las actas, los plazos y una clara constancia de la infracción para evitar defectos que enturbien los procedimientos.

Además, el nuevo sistema amplía los poderes de los reguladores y les proporciona más recursos legales para llevar a cabo la tarea de vigilancia, detección y anticipación de delitos, dándoles, por ejemplo, la potestad de iniciar investigaciones judiciales por cuenta propia.

Como contraprestación, el texto también establece el principio de la rendición de cuentas de las partes interesadas (funcionarios, autoridades y profesionales). El objetivo es, según el ministerio “promover la profesionalización del sector a través de la regulación y el fortalecimiento de las prerrogativas de los profesionales”.

El texto recoge también, que se refuerce el efecto disuasorio de las sanciones, con la demolición como principal arma disuasoria, el aumento de las multas en vigor y la inclusión de penas privativas de libertad en determinados casos.

En definitiva la ley pretende establecer un marco preventivo y eficiente para controlar el fenómeno de la construcción ilegal, proteger el espacio urbano y superar las deficiencias que adolece el actual sistema de control.