Prohibidos los matrimonios entre violadores y víctimas menores

Ouissal el Hajoui :

Una manifestante con el retrato de Amina Filali, que se suicidó con 16 años de edad después de que la familia la obligara a casarse con su violador
Una manifestante con el retrato de Amina Filali, que se suicidó con 16 años de edad después de que la familia la obligara a casarse con su violador

La comisión parlamentaria de la Justicia ha suprimido por unanimidad, el pasado 8 de enero, el apartado 2 del artículo 475, en el que se permite el matrimonio entre violadores y sus víctimas menores de edad con el fin de lavar el honor de la agredida, y evitar la cárcel para el agresor. Una medida que empezó a ser fuertemente reivindicada en Marruecos tras el suicidio de Amina Filali, de 16 años de edad, después de que su familia la obligara a casarse con el hombre que la había violado.

Las asociaciones de derechos humanos han ganado la batalla en un Marruecos con tendencia reformista en el que se tiende a separar cada vez más justicia y religión. Si antes el matrimonio tras una violación era condición ‘sine qua non’ si la víctima, tanto mujer como menor, no imponía una demanda, ahora está absolutamente prohibido que un juez autorice este tipo de matrimonios. A partir de ahora, todo violador de menores será juzgado, y además la comisión ha aprovechado la reforma de esta ley para endurecer la condena a los mismos. Si hasta el momento las penas oscilaban de entre uno a cinco años, ahora serán de 10 años, tal y como había solicitado el pasado mes de junio el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM).

Sin duda, un paso importante en la protección de menores que debería culminar con otros muchos. Más de 861 niños han sido agredidos sexualmente en 2012, “y estos datos son sólo aquellos que han saltado a la palestra mediática o los que las víctimas se atreven a denunciar. Los que nunca llegamos a conocer son mucho más numerosos”, explicaba a Correo Diplomático, Najia Adib, la presidenta de la asociación ‘Touch pas a mes enfants’ (‘No toques a mis hijos’), con motivo de la brutal agresión y violación de la pequeña Wiam de 9 años.

La sociedad civil se unió, tras aquel polémico suceso, para exigir al Gobierno una reforma urgente de la ley, una reforma que proteja a las menores y que sea severa con los violadores. “Incluir la palabra pedofilia en la ley es el primer paso para juzgar a la gente en tanto que pedófilo, y no agresor”, había declarado el rapero Bigg, organizador de la marcha blanca contra la pedofilia en Casablanca. Y es que en los casos de Amina o de Wiam, sus agresores no solo tenían que haber sido juzgados como violadores, también como pedófilos.