Suiza expulsará a los delincuentes extranjeros



Dunia Benjadra:

La disposición fue aprobada en 2010 pero no se aplicaba hasta ahora por ir contra las directrices del derecho internacional
La disposición fue aprobada en 2010 pero no se aplicaba hasta ahora por ir contra las directrices del derecho internacional

La Unión Democrática del Centro (UDC) de Suiza ha conseguido hacer efectiva la norma que impone la expulsión de los delincuentes extranjeros. Para ello han recogido 154.000 firmas (54.000 más de las necesarias) para organizar una votación, tras la cual los parlamentarios han dado luz verde a la aplicación de la normativa que llevaba más de tres años “ahogada” por la imposición de clausulas restrictivas por parte del Gobierno, según informa La Tribuna de Génova.
Los hechos se remontan al 28 de noviembre de 2010, casi el 53 por ciento de los suizos votaron a favor de que todos los extranjeros condenados por asesinato, violación, robo con violencia, trata de personas o tráfico de drogas debían ser expulsados sistemáticamente del país. Durante más de tres años, el Gobierno y el Parlamento impidieron la implementación de esta iniciativa de UDC, que también afectaba a aquellos que se habían apropiado indebidamente de beneficios de la seguridad social e incluso a los nacidos en Suiza que nunca habían residido en el país, carecían de antepasados en él o no conocían el idioma.
Frente a esta votación, el consejo federal del Gobierno suizo y el Parlamento trataron de ganar tiempo incluyendo clausulas que dejaban un margen de maniobra a las autoridades judiciales para no aplicar de hecho la norma y no violar el derecho internacional. Así pues, muchos jueces suspendieron la extradición de un criminal, refiriéndose, por ejemplo, a la reunificación familiar.
Sin embargo, una nueva victoria electoral del Partido Popular la semana pasada, esta vez contra la “inmigración masiva”, ha forzado al Gobierno a “poner la voluntad” de aplicar la expulsión automática de los extranjeros por delitos graves o reincidentes por otros delitos de menor gravedad. Es decir, los jueces no tendrán libertad de acción para conmutar la extradición por penas mínimas de prisión.
Esta es la enésima “iniciativa” popular que propone con éxito la UDC, tras conseguir la prohibición de minaretes y el internamiento por vida de delincuentes. Y parece que no piensa detenerse aquí, y ya prepara pedir nuevas prohibiciones relativas a temas religiosos y relacionados con la inmigración.