Partidos políticos, bajo control

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Clara García:

La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, confía en alcanzar el máximo consenso con los grupos para la aprobación del proyecto de ley
La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, confía en alcanzar el máximo consenso con los grupos para la aprobación del proyecto de ley

Un proyecto de ley en España propone vigilar de cerca la actividad económico financiera de los partidos políticos en España. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la remisión a las Cortes de una norma que prohíbe las donaciones a los partidos procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica, así como las condonaciones de deuda por entidades de crédito, señala La Moncloa en un comunicado.
En caso de aprobarse, las donaciones “indebidas” deberán ser devueltas “o ingresadas en el Tesoro”. Además, todos los partidos estarán obligados a presentar sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría también informó de que los partidos tendrán que publicar en su web, junto al balance y cuenta de resultados, “los créditos pendientes de amortización y las donaciones de importe superior a cincuenta mil euros”, afirma el comunicado.
Por otra parte, quedará regulada la figura del responsable de la gestión económica-financiera del partido, que comparecerá ante el Parlamento cuando el Tribunal de Cuentas publique el informe de su formación.
En cuanto al Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, se exigirán “requisitos de idoneidad” como la ausencia de antecedentes penales relativos a determinados delitos, destaca La Moncloa.
El texto también exige una declaración responsable para ser nombrado; regula el régimen retributivo, protección social y compensación tras el cese; vigila los gastos de representación; crea un sistema de alerta temprana de conflicto de intereses y controla la situación patrimonial al final de su mandato.
La vicepresidenta del Gobierno confía en alcanzar, durante la tramitación parlamentaria, el “máximo consenso” con los grupos para la aprobación definitiva de ambos proyectos de ley.
Otro proyecto de ley, el de Asistencia Jurídica Gratuita, quiere ampliar los supuestos que genera el derecho a esa asistencia y elevar los umbrales de renta para beneficiarse del mismo, según explicó el pasado viernes el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
“La población objetiva amparada se amplía tanto cuantitativa como cualitativamente de forma que nadie que realmente deba beneficiarse en España de la justicia gratuita pueda quedar excluido”, dijo.