La Policía entra en la Vivienda Pública de Ceuta y se lleva a dos miembros del Gobierno y uno de la oposición

Tamara Crespo. / Ceuta, 15 de febrero, reunión de la Comisión de Patrimonio, que preside la consejera de Educación y Cultura, Rabea Mohamed Tonsi (PP), antes Consejera de Asuntos Sociales. En torno a la mesa, representantes de la Administración General del Estado en Ceuta (del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno), del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), el arqueólogo y el arquitecto de la Ciudad Autónoma, representantes de la Iglesia, de la Autoridad Portuaria, de la Comandancia General… Dos hombres irrumpen en la reunión, uno susurra algo al oído de la presidenta: “Tengo que irme”, dice ella. Le dan cinco minutos. La operación desplegada desde el día anterior con la detención, en su casa marbellí, del ex gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa) Antonio López, continúa en Ceuta con dos diputados de la Asamblea. Se detiene, además de a Rabea Mohamed,  a Mohamed Alí  Lemague, durante años líder de la oposición, al frente de la formación local UDCE, aliada hoy en día en la Coalición Caballas con el PSPC (Partido Socialista del Pueblo de Ceuta), de Juan Luis Aróstegui. La tercera detenida, hasta el momento, por la policía, y que se encontraba en ese momento fuera de Ceuta, es Susana Román, ex consejera de Fomento (ahora, de Economía) y, como tal, presidenta de la Comisión  de Vivienda.

Según algunos testigos, la operación de la UDYCO de la Policía Nacional ha cogido por sorpresa a los afectados, y continúa abierta sin que se descarten más detenciones “de políticos, empleados municipales, e incluso conocidos empresarios de la ciudad”, según informa Ceuta Actualidad.

El caso saltó a la palestra de forma rocambolesca en junio de 2015, cuando un periódico local, El Pueblo de Ceuta, publicó completa la supuesta lista de adjudicaciones de las 317 viviendas de protección oficial pertenecientes a una de las promociones construidas en la zona de expansión urbanística de Loma Colmenar por la Sociedad Estatal de Suelo (Sepes) pero que corresponde adjudicar a la administración autonómica. La consejera de Fomento, entonces, Susana Román, se apresuró a explicar que ese no era el listado oficial. Tanto el Gobierno como la oposición denunciaron a López como responsable de Emvicesa.

El tema de la vivienda pública (VPO) ha sido un talón de Aquiles en la administración de Juan Jesús Vivas (PP), presidente de la Ciudad Autónoma desde 2001 y presidente de su partido en Ceuta. Protestas ante Emvicesa de personas supuestamente afectadas por injustas adjudicaciones,  adjudicatarios de las primeras promociones de vivienda protegida, entre otros, en la barriada del Príncipe y en Loma Colmenar, que no pagaban las cuotas, alteraciones ilegales de las fachadas y espacios comunes de las viviendas… Y continuos anuncios del Gobierno para buscar soluciones que nunca se llevaban a cabo. A raíz del escándalo de las 317, el portavoz de Ciudadanos en Ceuta, Javier Vargas, solicitaba en la Asamblea explicaciones acerca de todas las VPO adjudicadas por Emvicesa, información sobre “si sus adjudicatarios están al día en las cuotas y si las viviendas son habitadas por sus titulares o por otras  personas y en este último caso, en base a qué razonamiento legal”. También preguntaba en el caso de que no se cumpliera la legalidad “en qué estado se encuentra el proceso de recuperación de las viviendas y cuántos expedientes se han concluido”, y sobre la posible cesión de viviendas “a terceros, haciendo negocio con ellas”. “Nadie controla con rigor, al menos no conocemos ningún informe en el que se exponga resultado alguno de inspecciones, si las hubiera habido”, concluía en una propuesta de exigencia de información a Emvicesa aprobada por unanimidad de todos los grupos (Popular, Socialista, Caballas y C’s) el 28 de octubre de 2015. La policía y la Justicia parecen estar haciendo ahora parte de ese trabajo.

Ayuntamiento y Palacio de la Asamblea de Ceuta. Fotografía: Fidel Raso